HB no recogerá sus actas en la Cámara vasca si está ausente Elosúa
Herri Batasuna no retirará hoy las credenciales de su grupo parlamentario en la Cámara de Vitoria si no está presente su diputado electo José María Elosúa, actualmente procesado por la Audiencia Nacional como uno de los intermediarios en el secuestro del industrial Emiliano Revilla.
Los 12 cargos electos de Herri Batasuna se desplazarán esta tarde hasta el Parlamento vasco y esperan que para entonces el abogado Elosúa haya sido trasladado hasta la Cámara de Vitoria desde la cárcel donde se encuentra internado. La retirada de credenciales de Herri Batasuna permitiría al Legislativo autónomo su constitución, ya que sería el tercer grupo político de los elegidos en los últimos comicios electorales del 28 de octubre que retirase su documentación.
El letrado Miguel Castells, abogado de José María Elosúa, ha solicitado la libertad del electo, indicando que su defendido no va a evadir sus responsabilidades por encontrarse en libertad provisional. Castells pidió también el traslado del sumario al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al considerar que prima el fuero personal que tiene Elosúa al haber sido elegido como parlamentario por Guipúzcoa sobre cualquier otra consideración.
Recurso de reforma
Para la defensa de Elosúa, éste es un caso de "discriminación ideológica por parte de los jueces", según puntualizó Castells. En este sentido recordó que en ninguno de los múltiples secuestros realizados por ETA -"tenemos contabilizados hasta 20"- en los que han participado abogados como intermediarios se ha procesado ni inculpado a éstos. Calificó de injusta la situación por la que está atravesando su compañero de profesión.El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren ha remitido al Tribunal Supremo el sumario de los intermediarios en el secuestro de Revilla, lo que ha motivado que el abogado Castells haya presentado un recurso de reforma.
El defensor considera que, según el auto de procesamiento, las negociaciones las reliazó Elosúa en la comunidad autónoma, razón por la que el parlamentario electo debe ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
En el mismo sumario se encuentra inculpado el industrial vasco Francisco Arratíbel, acusado de haber participado en las negociaciones para pagar a ETA la cantidad de dinero que la organización terrorista solicitaba para liberar al empresario, por lo que cobró un porcentaje de rescate.
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