"El judicial es el único poder que frena la corrupción generalizada"

Días pasados, Luigi Ferrajoli estuvo en Valencia, hablando de Legitimidad democrática y poder judicial en un coloquio organizado por el seminario de Sociología del Derecho que dirige el profesor Javier de Lucas, y en Madrid, en donde ha dejado preparada en la editorial Trotta la versión castellana de su libro Teoría del garantismo penale. Ferrajoli es un jurista renovador y uno de los principales teóricos de la jurisprudencia alternativa.

Pregunta. ¿A qué atribuye la ineficacia de los poderes públicos en la lucha contra los delitos de cuello blanco y, en general, contra la corrupción?

Respuesta. A un fuerte entrelazamiento entre la política y la criminalidad. Existe una corrupción sistemática, casi estructural, del sistema político. Además, algunos sectores de la delincuencia están muy protegidos y la criminalidad organizada está escasamente perseguida. No es un problema específico de Italia, aunque allí tiene fuerte presencia.

P. Sin embargo, la justicia es a veces dura con los pequeños delincuentes.

R. Es más fácil para la magistratura proceder contra ellos que situarse contra los poderes fuertes. De todos modos, hay que reconocer que el estatuto del magistrado, dotado de una fuerte independencia, ha conducido a que sea el poder Judicial el único que ha ejercido funciones de freno y control frente a esa corrupción generalizada. Cierto es que muchas de sus investigaciones han quedado bloqueadas, pero ha logrado reducir la criminalidad. Sin responsabilidad política ni administrativa, la única que funciona es la penal.

P. ¿Y qué legitimidad tiene para condenar un juez, no elegido por el pueblo?

R. Esa es una cuestión compleja y dificil. El juez está sujeto a la ley y, a través de ella, al pacto social. Además, le legitima su función de tutela de los derechos fundamentales lesionados por otros ciudadanos y por la autoridad pública. El poder judicial no tiene nada que ver con el poder de la mayoría y es independiente de él. Ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede hacer verdadero lo falso o decidir que una persona sea condenada sin pruebas. Gorki decía que los derechos lo son "contra la mayoría".

15 años de cárcel

P. ¿Qué le parece el proyecto español para aumentar de 30 a 40 años el cumplimiento máximo de la pena de cárcel?

R. Pienso que 15 años es el límite máximo más allá del cual la pena se dirige contra una persona que ya es distinta de la que ha cometido el delito. Este límite ya existe en países como Dinamarca, Irlanda, Hungría, Polonia, Alemania.

P. Usted mantiene tesis muy garantistas en derecho penal, que benefician a los delincuentes, pero modernamente se está poniendo en primer plano la defensa de las víctimas.

R. No creo que el derecho penal sea un sistema de defensa del imputado [presunto delincuente], sino de la parte ofendida. El elemento esencial del derecho penal es el castigo. Las posiciones garantistas tienden a simultanear la defensa de la víctima con la del imputado. Lo que justifica el derecho penal es que el conjunto de las violencias que genere sea menor que las que se producirían sin él.

P.Usted ha hablado de la pena como violencia "programada, consciente, organizada por muchos contra uno". ¿Pero qué alternativa existe a la pena?

R. No existen alternativas a la pena, excepto el propio derecho penal garantista. Hay que elegir entre el derecho penal con garantías o la ley del más fuerte. La pena no sólo es un instrumento de persecución del delito, sino de prevención de otras reacciones, como que la gente se tome la justicia por su mano o la represión policial.

P. En España el Parlamento acaba de elegir al Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué opina de este sistema, en comparación con el italiano, en el que los propios jueces elijen a qui1nes han de gobernarles?

R. Estoy convencido de que nuestro sistema, con sus defectos, es mejor, porque el autogobierno judicial es condición indispensable para la independencia del juez. Si en Italia el Parlamento eligiera a todos los miembros del Consejo Superior de la Magistratura, el juez Felice Casson [que descubrió la, existencia de la organización secreta y paramilitar Gladio al investigar un atentado de 1972] estaría ya sancionado.

P. A propósito, ¿qué responsabilidades ve en Gladio?

R. Existe la casi certeza de que Gladio pretendía atentar contra la vida democrática. Pero yo, que soy una persona garantista, no quisiera realizar un juicio sumario y sin pruebas. Hasta que los procesos no concluyan no puede hablarse de responsabilidad penal, pero una cuestión tan dramática, que tiene a sus espaldas 25 años de misterio, bombas y matanzas impunes, debe investigarse hasta el final y no archivarse una vez más.