Melilla pide al Gobierno aplazar un año la exigencia de visados a los magrebíes

Partidos políticos, y organizaciones empresariales de Melilla han solicitado al Gobierno que aplace un año la puesta en marcha de las nuevas normas de control fronterizo para los magrebíes que quieran entrar en la ciudad. Ésta es una de las principales conclusiones adoptadas, por unanimidad, por las fuerzas cívicas y políticas de la ciudad en el transcurso de unas reuniones que se han celebrado este mes en la Delegación del Gobierno.

Organizaciones políticas y comerciales de Melilla iniciaron el pasado 8 de noviembre un debate en la Delegación del Gobierno de la ciudad para examinar las repercusiones de la entrada en vigor de los nuevos controles fronterizos exigidos por la Comunidad Europea a España, y que implican, entre otras medidas, la exigencia de visado para todos los ciudadanos del Magreb que desean entrar en nuestro país.En el transcurso de estas reuniones los representantes de la ciudad coincidieron en la necesidad de establecer un año de demora antes de imponer, con todo rigor, los controles fronterizos exigidos por la CE. Además, plantearon una segunda exigencia, consistente en un trato preferencial para los marroquíes que habitan cerca de Melilla y que por razones familiares, profesionales o comerciales acuden habitualmente a la ciudad. A estos marroquíes se les exigiría la presentación del pasaporte y no del visado, y su permanencia en Melilla tendría un límite de 24 horas.

Con esta doble exigencia se pretende que no se frene el flujo de visitantes a la ciudad y que no se vean mermadas las actividades comerciales y sus ingresos. Pero al margen de estas dos peticiones, en el diálogo con la Delegación del Gobierno, se suscitó un tema mucho más espinoso y polémico para la ciudad; la impermeabilización de la frontera, la reducción de los pasos fronterizos y el control de la población asentada ilegalmente en Melilla.

Por último, los partidos políticos y los representantes empresariales solicitaron que se arbitren por parte del Estado y de la Comunidad Europea ayudas económicas con las que paliar los supuestos efectos perjudiciales ocasionados por las restiicciones fronterizas.

El delegado del Gobierno en Melilla, Manuel Céspedes, se trasladó la semana pasada a Madrid con todas estas reivindicaciones.

El Partido Popular de Melilla es quizá el colectivo político más escéptico con respecto a la reorganización fronteriza de la ciudad y el control de los magrebíes. Para el senador Carlos Adolfo Benet existe por parte del partido socialista una premeditada actitud "entreguista" en favor de Marruecos, que conlleva la ausencia efectiva de los controles fronterizos.

"Melilla es un verdadero coladero. Además de los cinco pasos fronterizos legales, existen (...) innumerables pasos y caminos ilegales que permiten acceder a la ciudad eludiendo los controles policiales", asegura el político.

El Partido Popular reclama la construcción de un muro a lo largo de la periferia de la ciudad, que permita el perfecto control de quienes entran en ella. Recalcan, una y otra vez, que la intención del PP no es cerrar Melilla, sino mantenerla abierta, pero sabiendo en todo momento quién entra en la ciudad.