Javier Sáenz Cosculluela anuncia una nueva ley de arrendamientos urbanos que derogará el 'decreto Boyer'

El ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz Cosculluela, anunció ayer en Burgos la intención de su departamento de abordar en esta legislatura una nueva ley de arrendamientos urbanos que derogará toda la legislación vigente, incluso el denominado decreto Boyer. Esta norma permite a los propietarios de las viviendas que no renueven los contratos de los pisos de alquiler una vez finalizados los mismos. Asimismo, el ministro indicó la necesidad de intensificar la construcción de viviendas sociales.

Sáenz Cosculluela aseguró que la nueva legislación de alquileres urbanos significa "la desaparición de todo lo que haya en materia de arrendamientos". El titular de Obras Públicas y Urbanismo explicó que el próximo código modificará toda la normativa vigente con el objetivo de que el arrendamiento de viviendas ofrezca una certidumbre en la regulación legislativa, aunque no concretó el contenido de la normativa que prepara el departamento ministerial que dirige.El ministro insistió en la necesidad de una nueva ley que tenga posibilidad de pervivir durante muchos años, recoja algunas disposiciones y normas en materia de vivienda y rechace otras. Asimismo destacó que es necesario intensificar la construcción de viviendas sociales y para ello su departamento modificará en un plazo corto la política de vivienda.

Por otra parte, Cosculluela calificó de "engañosas" las manifestaciones de José María Aznar, presidente del PP, al comparar la revisión catastral de los inmuebles con el poll-tax británico y dijo que tratar de exponerlo como algo similar es "engañar". Negó el ministro que ambas tasas tengan nada que ver y explicó que la revisión del catastro significa que se le da a los inmuebles un valor más aproximado al real, pero no supone un mayor pago por parte de los contribuyentes porque depende del porcentaje que aplique cada ayuntamiento para determinar la contribución urbana de cada propietario.

Preguntado sobre el hundimiento de viviendas en Cataluña por defecto de las vigas de su estructura, respondió que en otras épocas se construía sin las suficientes garantías. Después de explicar que u departamento no tiene competencias para seguir el control de las edificaciones, Sáenz Cosculluela dijo que el MOPU está preocupado por este asunto "pero tampoco conviene producir alarma social".