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El fiscal jefe de Navarra dice que una violación no ocurre si la víctima no quiere

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, José María Félez Carreras, afirmó que "una persona no consiente en un estupro o violación que no quiere; corta y ya está", durante la vista oral del juicio seguido en Pamplona contra José Manuel Peru Urtasun, acusado de haber violado a una hija menor de edad en el domicilio familiar de la localidad de Burlada en 1987.José María Félez explicó su petición de seis años de prisión menor por un presunto delito de estupro al indicar que no había encontrado motivos para calificar los hechos como violación, "porque en este caso", indicó el fiscal jefe, "el padre se prevalió de su condición ante la hija, pero no existió intimidación. No vale decir", añadió Félez, "que no se está de acuerdo si no se hace nada", precisando que había habido un temor reverencial hacia el padre por parte de su hija.

Las palabras del fiscal sorprendieron al letrado de la acusación particular, José Guruñuela, quien señaló ante la sala que "el fiscal no ha hecho una sola acusación contra el procesado, sino que ha puesto en tela de juicio la actitud de la agredida justificando al agresor".

La acusación pidió 12 años de prisión por un delito de violación. La víctima, que en la actualidad tiene 16 años, relató que su padre regresaba a casa borracho "y hubo veces que abusó de mí y de mi hermano subnormal". A preguntas del fiscal reiteró que "me lo hizo por la fuerza, me desnudó y me introdujo el pene".

La esposa del acusado, separada de él en la actualidad, ratificó esta versión y señaló que denunciaron los hechos a la policía al empeorar el ambiente familiar.

La actitud del fiscal Félez coincide con las posiciones mantenidas por algunos tribunales en los últimos tiempos en materia de violacion y abusos sexuales, cuando exculparon a los presuntos autores de este delito por entender, en unos casos, que la conducta "licenciosa" de la mujer liberaba de responsabilidad a quienes violentaban su Iibertad sexual.

Precisamente, en relación con la actitud de los fiscales en los delitos contra la libertad sexual, una reciente circular del fiscal general del Estado (veáse EL PAÍS del jueves 22 de noviembre) señala que en los delitos sexuales contra menores la acción de denuncia del fiscal "ha de concebirse más que como una facultad, como una función, en cuyo ejercicio han de tenerse en cuenta no sólo los intereses públicos de la persecución del delito, sino también los intereses personales del menor o incapaz, al que ante todo viene obligado el fiscal a tutelar".

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