Los sindicatos piden la inhabilitación del empresario por accidentes laborales

Los sindicatos pedirán hoy al ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, que la futura ley de salud ahora recoja que la responsabilidad administrativa, civil y criminal en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es de los empresarios. Asimismo reclaman que la norma contemple también la inhabilitación para cargos directivos de aquellos empresarios que reiteradamente ponen en peligro la seguridad y salud de los trabajadores.

Esas demandas serán presentadas hoy al titular de Trabajo por las centrales UGT y CC OO en la reunión prevista para negociar de nuevo la ley de salud laboral, que no quedó ultimada en las conversaciones de¡ mes de julio. Mañana, martes, Luis Martínez Noval mantendrá otro encuentro similar con los representantes de la patronal CEOE.El borrador elaborado por Trabajo ordena las acciones de la Administración en materia de prevención de los riesgos laborales, otorga un papel de coordinación a un consejo general y regula que las tareas de vigilancia y control del marco normativo corresponderán a la Inspección de Trabajo, que tiene la facultad de paralizar las tareas que impliquen riesgos. En esta propuesta se dice que la nueva ley parte del deber de protección que tiene el empresario como responsable de la organización del trabajo, respecto a la salud e integridad de sus trabajadores.

El asalariado, por su parte, deberá cooperar con el empresario en la aplicación de las medidas que se adopten para la prevención de riesgos. Asimismo se crea la figura de los delegados de prevención, quienes tienen a su cargo las labores de vigilancia de las condiciones de trabajo y se establece el carácter paritario de los comités de seguridad e higiene. Este borrador es considerado insuficiente por los sindicatos, que argumentan que no alcanza las garantías recogidas en la directiva marco comunitaria. Comisiones Obreras en concreto va a pedir la creación de un fondo de inversión para la mejora de las condiciones de trabajo, proveniente de las cuotas de las mutuas patronales de accidentes de trabajo y de las sanciones económicas impuestas a las empresas infractoras de normas de seguridad e higiene.

Además de esas modificaciones al texto elaborado por Trabajo, los sindicatos demandan que la futura norma tenga un desarrollo reglamentario que contemple una nueva modalidad de registro de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para lo cual la Inspección de Trabajo y el Insalud deberán establecer una coordinación basada en un intercambio de historias clínicas y certificados médicos de autopsias de los trabajadores accidentados, muertos o enfermos por el trabajo.

La patronal CEOE, por su parte, ha elaborado su propio documento en el que manifiesta que la nueva ley debe resolver las dosis notables de inseguridad jurídica constatadas en relación a la definición del papel de la empresa y sus responsabilidades en la salud laboral. En su criterio el ordenamiento jurídico se ha caracterizado hasta ahora por un tono manifiestamente represor, en lugar de estimular y promover medidas y conductas que eliminen los riesgos profesionales.

En materia de seguridad la confederación empresarial reconoce el deber de protección, pero no está de acuerdo con que las posibles sanciones estén indefinidas o no configuradas por la Administración y cree que no son imputables en exclusiva a los directivos empresariales, sino que pueden derivarse de las ambigüedades jurídicas o de la no utilización y el mal uso de los medios de protección facilitados por las empresas.