España deberá pagar casi 1.900 millones por ingresar en la organización aérea Eurocontrol

Eurocontrol, entidad europea de gestión de tráfico aéreo, ha impuesto a España una cuota de 1.881 millones de pesetas al año, superior a la que paga a cualquier otra organización internacional, incluida la ONU (1.710 millones). La decisión de pasar a ser miembro de pleno derecho de Eurocontrol se debe al interés político del Ministerio de Transportes, pero no aporta ninguna ventaja añadida a la participación actual en el servicio de tarifas de ruta y en la futura base de datos, según fuentes del Gobierno. El ingreso está pendiente de aprobación por el Congreso.

La Comisión Interministerial de Política Aérea Internacional (CIPAI) se pronunció el 28 de julio de 1989 por el ingreso provisional y urgente de España en Eurocontrol, organización europea para la seguridad de la navegación aérea a la que pertenecen 11 países (Alemania, Bélgica Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Francia, Irlanda. Portugal, Grecia, Turquía y Malta). El 17 de noviembre, el Consejo de Ministros dio el visto bueno.La decisión supuso un vuelco respecto al informe de 1987, en el que la misma comisión había acordado ser "muy cautelosa" en este tema y "no entrar a cualquier precio". Desde entonces, la cuota prevista de entrada (900 millones al año) ha crecido hasta los 1.881 millones de pesetas evaluados en la última estimación de Eurocontrol. A pesar de las reiteradas reclamaciones de Transportes, el director general de Eurocontrol, Keth Mack, se sigue negando a abrir un cupo de funcionarios españoles en la organización, tal como suele ser norma. España, como miembro provisonal, tiene asignados ahora cuatro funcionarios, cuando su cuota proporcional como miembro debería ser de 120.

Un informe de la comisión interministerial resalta que el ingreso tendría implicaciones militares y políticas. "La descripción del espacio aéreo español puede presentar ciertas dificultades por la situación potencialmente conflictiva que podría producirse sobre Gibraltar, Canarias, Ceuta y Melilla".

Fuentes de Hacienda han insistido en que la presión de Transportes a favor e ingreso se debe "a motivaciones políticas para estar en ese foro". Un escrito del director general de Transportes, Carlos Martín Plasencia, urgía al ingreso provisional para que el ministro José Barrionuevo pudiera acudir a la reunión ministerial de la agencia de diciembre de 1989. La Dirección General de Tributos y la Dirección General de Presupuestos han insistido en las condiciones onerosas del pleno ingreso y en el cese de recaudación de unos 200 millones de pesetas al año por tarifas al sobrevuelo de aviones militares de los países miembros.

Temores de Hacienda

Transportes ajustó las cifras y disipó los temores de Hacienda, puesto que serán las compañías aéreas -es decir, los usuarios, a través de las tarifas- "quienes soportarán la mayor parte de las cargas económicas dimanantes de tal adhesión". Con el ingreso, España será titular de un 10% del patrimonio de Eurocontrol, equivalente a 175 millones de pesetas, pero asume cargas financieras por valor de 4.000 millones de pesetas.En cuanto a las ventajas, Transportes señala que da derecho a recibir gratuitamente los informes relativos a control de tráfico aéreo, y "solamente se pagarán aquellos estudios de interés particular para Españpa".

Los críticos a la entrada argumentan que Eurocontrol es un mero gestor de las decisiones que en el futuro tomará la CE y las que adoptan otras organizaciones, como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) y el Grupo Europeo de Planificación Aérea (GEPNA), a las que España ya pertenece. Para afirmar su presencia, dicen, "ha iniciado una huida hacia adelante con ambiciosas inversiones en curso; por eso es necesaria la contribución de España".