Unos 40 senadores han tenido que renunciar este año a ingresos cobrados de forma irregular

Cuatro decenas de senadores tuvieron que renunciar este año a una parte de su salario al decidir la Comisión de Incompatibilidades del Senado aplicar la legislación vigente de forma estricta. La Ley de Incompatibilidades prohíbe cobrar dos sueldos del sector público. Senadores que también son diputados en Parlamentos autónomos, o alcaldes o presidentes de Diputación, cobraban el salario del Senado y una cantidad fija de su otro empleo en concepto de "indemnización", "gastos inherentes al cargo" o "apoyo institucional".

Juan Antonio Arévalo, senador socialista por Valladolid y presidente de la Comisión de Incompatibilidades del Senado, confirmó a este diario que los parlamentarios afectados fueron unos 40. El grueso correspondía a los senadores elegidos por los parlamentos autonómicos que pagan un sueldo a sus diputados (Cataluña, Valencia, País Vasco y Galicia) y que reservan una asignación menor (un tercio del total, aproximadamente) para quienes ostentan otro cargo público remunerado. Esta cantidad, al ser fija y mensual -distribuida en 12 e incluso 14 pagas-, no puede considerarse dieta. La ley admite en estos casos de pluriempleo el cobro de dietas, pero no de cantidades fijas y periódicas.Las dietas dependen del número de sesiones parlamentarias a las que se asiste, por lo que sólo se cobran los meses en que las cámaras están reunidas, deben justificarse, no pueden superar los 180 días al año niuna cantidad global. En 1990, por ejemplo, el Parlamento catalán había presupuestado para sus diputados salarios que oscilaban entre 5.145.406 y 5.5124.674 pesetas brutas anuales, según fuera su lugar de residencia. Para los diputados afectados por la legislación de incompatibilidades, las asignacienes oscilaban entre 1.6.22.390 y 2.401.616 pesetas brutas anuales, en concepto de "gastos inherentes al cargo" e "indemnización por el ejercicio de su función". Esta última partida está libre de Impuesto sobre la Renta.

Otros parlamentos autonómicos que formalmente no pagan salarios a sus diputados también habían creado asignaciones fijas y mensuales, como el de la Comunidad de Madrid, que distribuye un "apoyo institucional" del que se beneficiaban también sus representantes en la cámara alta.

Los organismos del Senado surgidos de las elecciones de octubre de 1989 decidieron aplicar estrictamente la legislación de incompatibilidades. La comisión que preside el senador Arévalo comunicó a todos los miembros de la cámara que debían renunciar a cualquier otro ingreso fijo y periódico que no fuera el salario del Senado. Como esta comunicación se produjo avanzada la nueva legislatura -entre febrero y marzo, según Arévalo- los senadores tuvieron que devolver cantidades cobradas de más.

Salario obligatorio

Esta devolución se limitó a lo cobrado durante los meses transcurridos de la presente legislatura, es decir, desde que se constituyó el Senado, en noviembre pasado. Arévalo precisó que los órganos de la cámara no podían entrar en lo ocurrido en la anterior legislatura.

La comisión de incompatibilidades decidió también aplicar de forma rigurosa el reglamento de la Cámara alta, que prohíbe que un senador pueda renunciar a su salario. En la anterior legislatura se permitió que quienes incurrían en incompatibilidades económicas pudieran optar entre su sueldo como senadores o el de su otro empleo público. Hubo quien prefirió este último: "En unos casos porque era superior al que paga el Senado. En otros porque consideraron que su otro cargo representativo era el principal", señaló Arévalo. Renunciaron, por ejemplo, al sueldo de senadores dos presidentes de comunidades autónomas: los socialistas Fernando González Laxe, de Galicia, y José Constantino Nalda, de Castilla y León. En esta legislatura no hay senadores presidentes autonómicos.

Renunciaron al sueldo de senadores pero no a la "indemnización" del Senado. Esta partida, como ocurre en el Congreso de los Diputados y en varios Parlamentos autonómicos, no está sujeta a la declaración del Impuesto sobre la Renta por estar consignada en un capítulo presupuestario distinto al que recoge el pago de salarios.

Las remuneraciones de los senadores oscilan entre 406.876 y 505.876 pesetas brutas al mes.