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Quejas por las dificultades para fiscafizar a los partidos

El informe enviado por el Tribunal de Cuentas al Congreso de los Diputados sobre los gastos de los partidos políticos en las elecciones legislativas de 1989 reitera las quejas por las dificultades que encuentra el alto tribunal en su labor de fiscalización debido a la "no presentación de registros o relaciones de operaciones normalizadas, o su elaboración sin criterios uniformes y con múltiples deficiencias".

Unas dificultades que se acentúan, según se relata en el informe, cuando se analizan las cuentas de las sedes territoriales de los grupos políticos, cuya documentación no sólo es enormemente heterogénea, sino además "claramente insuficiente".

El Tribunal de Cuentas señala que los partidos no detallan suficientemente el origen de los recursos que utilizan para financiar sus campanas electorales, matiza que parte de los créditos y préstamos recibidos se destinan a actividades ordinarias en vez de tener como destino exclusivo los gastos electorales y advierte que los representantes de los grupos políticos no identifican casi nunca a las personas, físicas o jurídicas, que les han entregado donativos.

El Tribunal de Cuentas señala en términos críticos, respecto a la contabilidad presentada por el PSOE, que "los justificantes que acreditan las operaciones de la mayor parte de las provincias no están incluidos en listados contables que permitan el contraste entre éstos y los respectivos documentos".

Justificación de gastos

Asimismo, detecta irregularidades en la justificación de gastos por importe de 29 millones de pesetas; deficiencias que consisten en la entrega de fondos sin acreditación de destino, aportación de documentos en los que no figuran datos de identificación del perceptor, justificaciones que no especifican la naturaleza de las inversiones y facturas en las que no constan fechas de la realización del servicio que se remunera, entre otras. En gran parte de estas deficiencias ha incurrido también el Partido Popular, que ha presentado documentación insuficiente sobre desembolsos que ascienden a 22 millones de pesetas. El Tribunal de Cuentas resalta, respecto al Centro Democrático y Social, que ha presentado una cuenta de "gastos varios" excesivaniente abultada, ya que bajo ese epígrafe intenta justificar el pago de 43 millones de pesetas. Al igual que sucede con gran parte de las empresas que realizaron trabajos para los dernás partidos políticos, las que prestaron servicios al CDS durante la campaña electoral no han entregado, como es su obligación, al Tribunal de Cuentas la facturación de sus ingresos por prestaciones durante la campaña electoral.

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