El catastro, hoy

En este artículo, el autor justifica la necesidad de que la Administración revise los valores catastrales, no sólo para contribuir a una mayor justicia fiscal, sino también como medio de conocer mejor el parque inmobiliario y lograr que su mercado sea transparente. El catastro es, a su juicio, un bien social útil para todos.

Desde hace algunas semanas y todavía durante algún tiempo más, casi 13 millones de ciudadanos estarán recibiendo en sus domicilios notificaciones de los nuevos valores catastrales relativos a sus propiedades inmobiliarias que estarán vigentes en 1991. La cuestión ha levantado alguna polémica, y es conveniente que la opinión pública tenga cuanta información precise para que pueda evaluar con conocimiento de causa el valor y el sentido de esta decisión.Hay que empezar dejando claro que esta notificación no siginfica por sí misma ninguna nueva obligación fiscal. Lo que sí representa es que la Administración considera necesario -y parece razonable- contar con un conocimiento lo más preciso posible de la realidad inmobiliaria, como elemento esencial del proceso de modernización de nuestras estructuras económicas al que lleva años dedicando esfuerzos y recursos el Gobierno.

Para llevar a cabo esta tarea, era imprescindible contar con un instrumento adecuado. Esto fue lo que dio lugar a la modernización y puesta al día del catastro, vieja y venerable institución que desde su fundación, en 1906, hasta ahora no había podido cumplir con plenitud la misión para la que fue creada.

Fueron en un principio los ayuntamientos democráticos recién constituidos los que primero reclamaron la existencia de un catastro en condiciones. No se podían tomar decisiones correctas en materia fiscal, ni en materia de planificación, sin conocer con exactitud la realidad inmobiliaria sobre la que precisamente se tenía que operar.

Durante estos últimos años se ha. ido modernizando el catastro al ritmo que permitían las disponibilidades. En 1987 se crea el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributarla, y se fijan claramente sus funciones y cometidos, fundamentalmente la fomación, conservación y revisión de los catastros inmobiliarios rústicos y urbanos, así como el sistema de valoración de los bienes inmuebles.

A partir de ese año, este organismo ha llevado a cabo una intensa labor de actualización y registro de las unidades urbanas realmente existentes. Se han utilizado los más modernos sistemas informáticos y se han puesto en práctica los métodos de elaboración de datos que mayores garantías ofrecieran para que el resultado fuera correcto.

Se piensa habitualmente que la acción administrativa tiende a burocratizar la realidad, perturbando así el desarrollo del progreso económico de los ciudadanos. El catastro que estamos elaborando es una prueba de que la moderna gestión administrativa puede ser un factor de saneamiento y dinamización de ese progreso.

El catastro es una herramienta de gran utilidad social si sabemos usarlo. Por lo pronto, va a permitirnos avanzar decisivamente en la justicia tributarla. Un censo realista de los inmuebles con valores próximos a los del mercado facilita enormemente hacer un reparto justo de la carga tributaria que debe soportar la riqueza inmobiliaria de nuestro país. Hasta que no hemos actualizado el catastro, casi seis millones de inmuebles no tributaban porque no estaban censados. Pero es que además los censados tenían unos valores catastrales que no permitían una aplicación correcta de la carga fiscal, y su actualización por coeficientes que se aplican por igual a todos los inmuebles no arreglaba el problema.

Hemos tenido que poner al día el valor catastral de los inmuebles. No parecería justo que un ciudadano fuera propietario de un piso que en el mercado costaba seis millones y tuviera un valor catastral de tres millones, mientras que el propietario de otro inmueble valorado en el mercado a 600 millones de pesetas tuviera un valor catastral de 100 millones como mucho. A la hora de contribuir, contribuía en proporción más el propietario más modesto. Para conseguir que ambos inmuebles puedan situar su valor catastral al 70% del precio de mercado, había que modificar el sistema de valoración, y así se ha hecho.

Valor de mercadoEl catastro puede valorar ahora los inmuebles en relación a los valores de mercado, y eso representará, sin duda, un paso decisivo para que la política tributaría sea en materia de propiedad inmueble más justa.

Pero no debemos confundir catastro con impuestos. El catastro es, exclusivamente, un registro donde se reflejan los inmuebles y su valor. Son el Parlamento o los poderes municipales a quienes corresponde fijar los tipos de los diferentes impuestos.Pero con la función de auxilio a la fiscalidad no se agota la utilidad de un catastro moderno. La existencia de un registro homogéneo, actual y fiable, donde los inmuebles están perfectamente identificados, es también una garantía para el tráfico jurídico y económico que tiene por objeto a los bienes inmuebles. La seguridad jurídica gana con ello. Todos saben exactamente lo que compran y lo que venden, y Ya transacción tiene efectos públicos. Éste es un beneficio nada despreciable para un sector en el que había hecho nido la especulación al amparo de la opacidad del mercado, de la falta de transparencia.

Y, por último, no debe ignorarse la utilidad social y económica que tiene el poder contar con un banco de datos completo de las propiedades inmobiliarias. Por fin, los organismos públicos y los ciudadanos van a poder disponer de un conocimiento preciso de la realidad inmobiliaria a la hora de planificar desarrollos e inversiones o a la hora de determinar los costes y beneficios de un proyecto urbanístico o de obra pública, de una decisión de implantación industrial o de expansión empresarial.

El catastro, en definitiva, es un bien social de valor creciente, útil para todos e imprescindible para ayudarnos a que el sector inmobiliario de nuestro país pueda afrontar el desafío de la competitividad en una Europa comunitaria como la que estamos construyendo.