Tormenta en Hungría

HUNGRÍA HA vuelto a la calma, al menos de momento, después de varios días en que la huelga de taxistas y camioneros paralizó la circulación prácticamente en todo el país. El abastecimiento, ya deficiente, empeoró bruscamente. Se creó un ambiente de pánico entre la población, pese a expresar, inicialmente, cierta simpatía hacia los huelguistas y desconfianza hacia el Gobierno. Esta paralización del transporte húngaro ha sido, probablemente, el primer conflicto de gran envergadura en un antiguo país comunista. Es cierto que ha habido huelgas obreras en Polonia, Rumania o la antigua RDA, pero este caso ha sido mucho más grave, básicamente por dos razones: primero, porque el país entero quedó -paralizado, y, además, porque en la huelga lucharon juntos los trabajadores, las cooperativas del transporte y las incipientes empresas privadas.En Europa occidental, con libertad de asociación y de huelga para todos los sectores sociales, se producen en algunos casos sin duda, excepcionales conflictos laborales que paralizan servicios públicos vitales. En España hemos tenido recientemente una huelga de camioneros con cierta semejanza a la de Hungría. En el caso húngaro, con problemas económicos muy agudos y con una novísima libertad de organización y manifestación de los sectores sociales, no debe sorprender que se produzcan protestas amplias en la población. Pero en la actual etapa de transición, las consecuencias pueden ser fatales. Las fuerzas políticas húngaras necesitan elaborar una normativa que permita evitar el estallido de conflictos de ese género y, a la vez, cauces que ayuden a resolverlos de manera negociada. Cuestiones que deben de ser valoradas también por los países de la Europa occidental, deseosos de ayudar en la transición pacífica hacia la democracia y la economía de mercado.

En la raíz de la tormenta húngara está una gravísima situación económica: carente de energía y materias primas, tiene una dependencia total del exterior, y por ello sufre doblemente en la actual coyuntura. Por eso mismo es acertada la decisión de la cumbre comunitaria de Roma, en la que, a propuesta del canciller Kohl, se decidió acelerar la entrega del crédito concedido a dicho país.

Pero la conflictividad húngara tuvo otras causas: su origen se debe centrar en los incomprensibles errores políticos del Gobierno de Antall, que decretó de golpe una subida del 65%. de los precios de los combustibles y sin ninguna consulta previa. Fue la chispa que hizo estallar la indignación. La situación corrió el serio riesgo de radicalizarse cuando el ministro del Interior amenazó con utilizar la policía contra los huelguistas, amenaza que no secundaron las fuerzas del orden público. Pero la propensión a recurrir a métodos autoritarios por parte de un Gobierno con una base electoral poco sólida -su derrota en las últimas elecciones municipales fue rotunda- son preocupantes. Felizmente, cuando ya la situación era insostenible, Antall aceptó negociar, tras rebajar sus iniciales aspiraciones. Ahora se espera una ley parlamentaria que liberalice los precios de los carburantes.

En todo caso, es obvio que el prestigio del Gobierno, muy dañado después de los comicios municipales, ha sufrido un nuevo golpe. El principal partido de la oposición -la Alianza de los Demócratas Libres- pidió su dimisión culpándole, no sin razón, de haber reaccionado ante el problema de manera torpe e irresponsable. En diversos círculos surgió la propuesta de constituir un Gobierno de concentración nacional. Hoy, a pesar de que el conflicto está resuelto, la conveniencia de un Gobierno con amplio consenso -que no tiene el Gobierno de Antall- no parece descabellada.