Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

Las incógnitas de la concertación

NADIE IGNORA que será difícil avanzar en la concertación mientras no se despejen incógnitas como las derivadas del congreso socialista, las elecciones sindicales, la evolución de la crisis del Golfo y un hipotético reajuste del Gobierno. Entretanto sería conveniente que sindicatos, Gobierno y patronal aclarasen explícitamente su actitud ante la negociación y sus contenidos. Eliminar sobrentendidos hoy es la mejor manera de evitar malentendidos mañana. Y no es evidente que los interlocutores hablen de lo mismo cuando invocan la concertación. Una prueba del confusionismo reinante son las manifestaciones de los líderes sindicales considerando arruinada la concertación por la pretensión gubernamental de discutir un plan de ajuste.La concertación tiene sentido en la medida en que el resultado favorezca simultáneamente a las partes que negocian. Ello se opone a la lógica del compromiso de suma cero: lo que beneficie a una parte ha de perjudicar en igual medida a la otra. La experiencia enseña que una espiral salarios-precios es perjudicial para la competitividad de la economía del país en general, pero también que afecta en mayor medida a los sectores más desfavorecidos de la sociedad: parados, eventuales, asalariados con menor capacidad adquisitiva. Por ello, unos acuerdos orientados a limitar la inflación no sólo son convenientes para los empresarios, sino para los sindicatos, interesados en reducir las desigualdades sociales; aparte de convertirse en una condición sine qua non para competir en Europa en igualdad de oportunidades.

La metodología adoptada para la primera fase de la concertación implicaba la posibilidad de ir cerrando acuerdos parciales a la espera de las negociaciones sobre los puntos más conflictivos. En la práctica fueron aprobadas significativas reivindicaciones de la Plataforma Sindical Prioritaria (PSP), pero no se avanzó un ápice en relación a la principal contrapartida sindical: la aceptación de un pacto de moderación salarial en relación con la competitividad, que no significaba, a priori, pérdida del poder adquisitivo. Planteado el reinicio de las negociaciones, las centrales han recordado las reivindicaciones pendientes y sugerido otras; pero ante la propuesta de negociar un pacto de competitividad han respondido que ello no será posible mientras el Gobierno no varíe su política económica, por considerar a ésta la verdadera responsable de los desequilibrios detectados.

La pretensión de que se modifique una política que forma parte del programa electoral refrendado por las urnas resulta discutible en términos democráticos y revela un cierto retroceso en el proceso de secularización de los sindicatos apreciado meses atrás. La vuelta a argumentos como el del giro social -incluyendo la amenaza de un nuevo 14-D- resulta poco realista y contradictoria con la dinámica de acuerdos que se dice querer impulsar. La discusión sobre si los males de la economía son "anteriores a la crisis del Golfo y en todo caso responsabilidad del Gobierno" es bastante vacía: si una cierta política de ajuste ya era exigencia de la situación al margen del Golfo, ahora lo sería con más motivo. Carece de sentido, entonces, la afirmación de las centrales de que el Gobierno ha enterrado la concertación por pretender discutir asuntos diferentes a los contemplados en la PSP.

Pero el confusionismo se ve favorecido también por el escaso realismo del Gobierno a la hora de fijar los objetivos: cuando se sabe que en 1990 los salarios han crecido por encima del 8%, fijar en un 5% los incrementos para 1991 supone una invitación al desbordamiento. Especialmente cuando existe una evidente asimetría entre esa fijación ejecutiva de topes y la mera recomendación de moderación de los beneficios empresariales. Una negociación sobre política de rentas debería implicar, además de compensaciones en terrenos como la sanidad o la vivienda social -compatibles con el programa del partido gobernante-, ciertas iniciativas relacionadas con la fiscalidad. Por ejemplo, compromisos para destinar a determinados fines sociales parte de los fondos captados como consecuencia del descubrimiento de nuevas bolsas de fraude.

Si se admite que la eliminación de los desequilibrios que afectan a la economía española es un objetivo en sí mismo deseable (en la medida en que su existencia perjudica tanto a empleados como a empleadores), la concertación es objetivamente posible. Pero para que se produzca en la práctica será preciso que todas las partes se comprometan a asumir su parte en los costes que el acuerdo implica. Y contra lo que parecen pensar unos y otros, la claridad es siempre preferible a la ambigüedad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 27 de octubre de 1990