La declaración de 200 policías revela que se registraron las visitas a Juan Guerra

El interrogatorio hecho a 200 policías de Sevilla concluye "en que existen indicios suficientes" de que "hubo libro de visitas en la Delegación del Gobierno en Andalucía" durante los siete años -entre 1983 y 1989- en que Juan Guerra ocupó en ella un despacho oficial. El juez Ángel Márquez va a recibir próximamente un informe, emitido por la Policía Judicial, que contendrá esta conclusión, según fuentes judiciales. Emilio Lechuga, ahogado del Partido Andatucista (PA), ha expresado su intención de pedir el procesamiento de Alfonso Guerra cuando concluya la instrucción del sumario.

El informe que revela la existencia de "indicios suficientes" como para pensar que hubo libro de visitas, contrasta, sin embargo, con los testimonios que han expresado al juez los tres últimos delegados del Gobierno en Andalucía: Leocadio Marín, actual consejero de Agricultura de la Junta; Tomás Azorín, ahora presidente de la Diputación Provincial de Almería, y Alfonso Garrido, actual delegado del Gobierno en Andalucía.Éstos han dicho que entre los años 1983 y 1989, tiempo en el que Juan Guerra ocupó el despacho, sólo hubo libro de visitas en la Delegación durante 18 meses. El juez Márquez ha anunciado que si se confirma la existencia del libro, Marín, Azorín y Garrido podrían haber incurrido en presuntos delitos de ocultación de documentos y denegación de auxilio a la justicia.

Para averiguar si hubo libro de visitas, Ángel Márquez ha encargado dos interrogatorios masivos; el de los 200 policías que custodiaron la Delegación del Gobierno durante esos siete años -ya terminado y cuyas conclusiones recibirá próximamente- y el de otras 600 personas que figuran en la parte del libro de visitas que sí ha sido entregada al juez. Los testimonios expresados por los 200 policías son dispares, de ahí que la Policía Judicial haya tenido que analizarlos y sacar una conclusión.

El interrogatorio de las 600 personas mencionadas se desarrollará en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla y comenzará probablemente después de que regresen a Sevilla, dentro de unos 10 días, los agentes policiales a los que el juez ha dado orden de que se desplacen a Santiago de Compostela y a algunas provincias de la Comunidad Valenciana para investigar algunos negocios inmobiliarios relacionados con Juan Guerra.

Responsabilidades

La utilización que dio Juan Guerra al despacho, es decir si se sirvió o no de él para fines privados, es clave en la investigación, según coinciden en señalar los dos abogados de la acusación privada, Emilio Lechuga (PA) y Manuel Fernández del Pozo, que representa en el sumario a Izquierda Unida (IU). Si se demuestra que Juan Guerra utilizó indebidamente ese despacho, Márquez exigirá la oportuna responsabilidad al "funcionario o funcionarios" que lo autorizaron, según ha manifestado el propio juez.

Varios testigos, entre ellos el constructor valenciano Adolfo de Bernardo (que visitó el despacho de Juan Guerra en 53 ocasiones) han declarado que siempre se les exigió el documento nacional de identidad para acceder a la Delegación del Gobierno. Un directivo de Ensidesa, el que gestionó la venta de la finca La Carrascosa a Juan Guerra, aseguró al juez que la escritura de compraventa fue firmada en el despacho oficial.

Por otro lado, el abogado del Partido Andalucista señala que su grupo pedirá el procesamiento del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, cuando concluya la instrucción del sumario, por haber permitido que su hermano Juan utilizase para fines privados un despacho sin nombramiento oficial ni contrato de ningún tipo.