El juez del 'caso Guerra' ordena investigar en Santiago de Compostela, Madrid y Cádiz

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Angel Márquez, ha ordenado a la Policía Judicial que se desplace a Santiago de Compostela e investigue si ha existido alguna gestión de Juan Guerra ante el Ayuntamiento de esa ciudad para la recalificación de 360.000 metros cuadrados. Márquez ha dictado oficios para que la policía viaje a Madrid y Cádiz, Valencia, Alicante y Castellón.

La falta de medios y personal ha impedido que los agentes policiales se pudieran desplazar antes, como era su propósito, a estas ciudades, según fuentes judiciales.Los interrogatorios a los testigos, que fueron suspendidos el pasado miércoles a petición del abogado de Antonio Guerra, quien alegó la necesidad de subsanar algunas cuestiones procesales que, a su juicio, se habían vulnerado, se reanudarán el próximo miércoles, día en que deberán comparecer Adolfo de Bernardo y Javier Porcar. Ambos son pieza clave en la conexión empresarial de Juan Guerra en proyectos urbanísticos de la franja costera de la Comunidad Valenciana.La Policía Judicial dispone ya de los oportunos oficios para desplazarse a Santiago de Compostela, Valencia, Madrid y Cádiz. El viaje a estas ciudades se realizará este mismo mes, aunque aún no se ha concretado el día exacto. En Santiago de Compostela, la Policía Judicial tiene el cometido de averiguar la catalogación urbanística dada a un solar, por el que se interesó la inmobiliaria Estar 39, cuya extensión aproximada es de 360.000 metros cuadrados. Estar 39, radicada en Santiago, escribió una carta a José María Ramos Reina, socio de Juan Reina en la empresa Fracosur, ofreciéndole una comisión si conseguía que el Ayuntamiento de Santiago recalificara ese solar. La policía sospecha que el "destinatario real" de esa carta era Juan Guerra.

Préstamos en Cádiz

En Cádiz, la policía investigará a Antonio Luque, propietario de una empresa de exportación y amigo de Francisco Javier López Martín, socio de Juan Guerra, según las fuentes informantes. Juan Guerra ha dicho al juez que pagó parte de una de sus fincas con un préstamo personal de 20 millones que le había hecho su socio López Martín, a quien el juez Márquez le ha impuesto una fianza de 100 millones de pesetas por haber confesado que nunca ha hecho la declaración de la renta, pese a haber manejado elevadas sumas de dinero.Para justificar la procedencia de esos 20 millones, López Martín señaló al juez que tal cantidad se la había prestado a él Antonio Luque. Este, a su vez, ha dicho que los 20 millones los había ganado en el casino de Cádiz, versión que se contradice con la del director de esa sala, quien ha negado que Luque hubiera ganado una suma de dinero tan elevada en su negocio. La Policía Judicial tiene constancia de que el patrimonio de Luque "es muy escaso" y que no tiene la suficiente "solvencia" como para hacer un préstamo de ese calibre.

La Policía recogerá documentación en Madrid sobre movimientos bancarios de constructores madrileños vinculados empresarialmente al hermano del vicepresidente del Gobierno.

Por otra parte, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, elevó ayer una propuesta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que la juez Mercedes Fernández Ordóñez, titular del Juzgado de Instrucción de Coria del Río (Sevilla), auxilie al juez Márquez en las tareas judiciales que éste no puede atender por el exceso de trabajo que le ha ocasionado la investigación del caso Juan Guerra.