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La CE aprueba la directiva que liberaliza los contratos del Estado en los sectores de agua, energía y transporte

El Consejo de Ministros de mercado interior de la CE, el órgano encargado de poner en pie el mercado único de 1993, realizó ayer el primer gran debate sobre las grandes redes europeas de transportes, telecomunicaciones y energía. El Consejo aprobo de forma definitiva la directiva sobre liberalización de contratos del Estado en los sectores de agua, energía, tranportes y telecomunicaciones.

Esta directiva entrará en vigor en 1993, aunque España es uno de los pocos países que ha conseguido una excepción hasta 1996 para defender el mercado de las empresas nacionales que ejecutan obras o suministran equipos a las administraciones públicas. Estos sectores básicos habían quedado excluidos dé la norma comunitaria que establece la libertad de acceso para todos en las ventas a cualquier Estado de la CE.La aprobación definitiva de ayer sólo tiene carácter formal, puesto que los Doce habían alcanzado el acuerdo político el pasado mes de mayo. Faltaba simplemente el requisito del dictamen preceptivo, pero no vinculante, del Parlamento Europeo, que se ha producido sin plantear modificación alguna al texto. La apertura de las licitaciones de cualquier Estado a cualquier empresa de la CE estará condicionada, sin embargo, a que superen ciertos límites de cuantía. La directiva se aplicará a los contratos de construcción que sobrepasen los cinco millones de ecu (650 millones de pesetas). Para los suministros en general la cifra debe ser superior a 400.000 ecu (52 millones de pesetas), salvo en lo referido a material de telecomunicación, en cuyo caso el límite es a partir de 600.000 ecu (78 millones de pesetas). Estos baremos permiten un cierto margen de maniobra para que los Estados puedan privilegiar a las empresas de su país al menos en los contratos pequeños.

Reglamento de tránsito

Por otra parte, el Consejo aprobó el reglamento de tránsito comunitario., que en 1993 eliminará gran parte de los trámites burocráticos ahora necesarios para el envío de mercancías de un país a otro de la CE, y la directiva sobre etiquetado opcional de los productos alimenticios. La descripción de los componentes de los alimentos elaborados será pues un recurso voluntario del fabricante o distribuidor, aunque no podrán hacer alusión alguna a la calidad del producto si éste no lleva etiqueta y la empresa dispone de los medios, técnicos de control de calidad. Los Doce se remiten a la experiencia de este primer paso para decidir en el futuro si la mejor información al consumidor deja de ser opcional para convertirse en obligatoria.

A pesar de su limitación a simple debate, la atención del Consejo se centró en las grandes redes europeas. Esta primera reflexión política de los Doce sobre un programa de gran envergadura, pero todavía impreciso, cuya idea lanzó hace un año Francia, sirvió para dejar claro que el mercado único no podrá funcionar con eficacia si se mantienen las actuales diferencias en infraestructuras dentro de la Comunidad. De rnomento el consenso se limita a que es necesaria una acción en este sentido en los tres sectores básicos de transportes (en todas sus modalidades), energía (redes de, alta tensión y gasoductos) y telecomunicaciones. España, según Pedro Solbes, secretario de Estado para la CE, añadió "la formación profesional entre los objetivos y se unió al grupo de países que consideran que la financiación pública es necesaria". Existe una idea española para crear una universidad a distancia en toda la CE, con cursos impartidos por televisión y en varios idiomas. El cómo y el cuánto del dinero será un debate. posterior, cuyas primeras ideas avanzará la Comisión Europea a finales de este año.

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