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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Los elementos

LAS ANUALES inundaciones que la compleja meteorología mediterránea impone en la zona por estas fechas sirven de baremo para conocer el grado de eficacia del funcionamiento de las instituciones del Estado con igual o mayor fiabilidad que los discursos parlamentarios y las propuestas programáticas de los partidos. La democracia no sólo consiste en que quien llame a las siete de la mañana sea el lechero, sino que, además, la leche no esté adulterada y, de estarlo, puedan exigirse responsabilidades. Detalles en apariencia secundarios que permiten cualificar el rigor democrático de un país.Un año más, los ciudadanos de la zona están a la espera de la maléfica gotafría, un fenómeno de enfriamiento de las capas altas de la atmósfera. Mientras se esperan las lluvias torrenciales, tres personas han fallecido por temporales que nadie fue capaz de predecir. El servicio de Protección Civil necesita para poner en marcha sus mecanismos de alarma una predicción meteorológica fiable -al contrario de lo que ocurrió estos días- para evitar alertar cuando no cae una gota y no prevenir a la población ante el inminente diluvio. No debe olvidarse que el derrumbamiento de la presa de Tous, en 1982, con un saldo de nueve muertos, ha servido para potenciar el grado de conciencia crítica entre los ciudadanos. Tampoco se debe olvidar cómo el entonces gobernador civil de Valencia anunciaba por la radio que todo estaba controlado, latiguillo insensato y autodefensivo al que tan aficionadas son nuestras autoridades administrativas.

Protección Civil -pieza clave del entramado institucional en estas lides- dispone en la actualidad de más y mejores medios, de mayor experiencia y profesionalidad. Sus recomendaciones son mejor divulgadas y no es un secreto que se están realizando importantes inversiones en obras públicas para mitigar los efectos de las endémicas riadas. Pues bien, pese a todo, cada año mueren varios ciudadanos por razones climatológicas.

No se trata tanto de reivindicar la seguridad total de quienes viven en regiones asoladas cíelicamente por el viento y la lluvia como de pedir una coordinación máxima entre los organismos del Estado, entre los medios técnicos y humanos, para paliar en la medida de lo posible las consecuencias de las catástrofes naturales. Dicho con datos concretos: no es de recibo que un radar meterológico instalado en Cullera, con un coste de 100 millones de pesetas, permanezca ayeriado desde hace un año. Es la leche adulterada a la que hacíamos referencia.

Todo apunta a la necesidad de replantear el sistema de vigilancia y predicción meteorológica, y no sólo en lo que se refiere a las lluvias, ya que los vendavales se han cobrado varias vidas humanas en 1989 y 1990 en la Comunidad Valenciana. El dinero que se invierta en la mejora de los medios de predicción y vigilancia será, sin duda, incomparablemente más rentable que el que hay que dedicar cada año a indemnizaciones, ayudas e inversiones para paliar los efectos dé las catástrofes. Y, lo que es más importante, hará que muera menos gente.

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