El ajuste aplazado

La economía española se enfrenta a un nuevo ajuste económico. Antes del estallido de la crisis del golfo Pérsico el problema era frenar un elevado crecimiento económico y reducir sus efectos nocivos en la inflación y en el déficit exterior. Ahora, tras año y medio de enfriamiento suave, cuyos resultados se han puesto en duda por buena parte de los expertos, el problema es que "somos más pobres que antes", y por tanto hay que afrontar un peligro de recesión económica con el cinturón más apretado. Las recetas son las mismas aunque un punto más severas: política monetaria restrictiva, menos gasto público y moderación en las rentas.

Si no fuera por los efectos traumáticos de una tercera recesión económica se podría decir que la crisis desatada tras la invasión de Kuwait por parte de Irak le ha venido al Gobierno como anillo al dedo. Antes de la crisis era más difícil pedir sacrificios porque todos querían participar de la bonanza; después de la crisis, el argumento está siendo el de que todos deben arrimar el hombro para distribuir unos recursos escasos.La mayoría de los expertos coinciden en señalar que el ajuste debería haberse hecho antes de la crisis. Los problemas de déficit exterior y de inflación estaban planteados ya desde mediados de 1988. Por ello ahora las medidas tendrían que ser más duras, aunque no parece fácil porque la política económica aplicada hasta ahora muestra algunos síntomas de agotamiento.

En esta línea se definía el pasado sábado el presidente del Banco Español de Crédito y de la primera corporación industrial de España, Mario Conde, al afirmar que "si seguimos manteniendo la misma política, lo único que haremos es agravar la recesión que pueda afectar a la economía". Y, a continuación, matizaba que no se puede justificar el ajuste anunciado por el Gobierno en los problemas de Oriente Próximo.

La política monetaria restrictiva ha llegado al límite de sus posibilidades, según han reconocido altos cargos de Economía y el propio gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Con la peseta en el Sistema Monetario Europeo, los tipos de interés vigentes no pueden mantenerse muy por encima de la mayoría de los países que se integran en la Comunidad Europea.

Política fiscal

La política fiscal, por su parte, sólo puede afrontar una restricción mayor en el gasto público a costa de que España siga en la cola de los países más atrasados dentro de la CE en cuanto a prestaciones sociales, servicios públicos e infraestructuras. Para este año, el Gobierno ha decidido limitar por ley el crecimiento del gasto público a lo presupuestado y situar su incremento por debajo del de la economía.En cuanto a los ingresos, hasta ahora han permitido reducir el déficit público gracias al aumento de la actividad económica y a la lucha contra el fraude. Pero ya este año el impuesto sobre la renta experimentó un descenso relativo en la recaudación al permitirse a los matrimonios declarar por separado. El impuesto sobre el valor añadido (IVA), por su parte, no ha dado todos los efectos esperados por el elevado volumen de fraude.

Con la restricción monetaria, la limitación al crecimiento del gasto público, el aumento de las retenciones para las rentas del capital, el sometimiento a coeficientes y retenciones de los activos que escapaban al control fiscal y monetario y el adelanto del pago a cuenta del impuesto de sociedades, la inflación y el déficit exterior no han cedido, por el momento, tanto como cabía esperar. La actividad económica, sin embargo, se ha resentido, lo que ha dado como resultado final un menor crecimiento en la creación el empleo.

A ello hay que añadir el factor inesperado del encarecimiento de la factura energética. Según los expertos, a lo largo de los años ochenta, España no ha reducido el peso de sus importaciones de petróleo en relación a su producto interior bruto (PIM). Si en 1982 se importaban un total de 2.300 toneladas de petróleo por cada 100.000 millones de pesetas reales de PIB, en el pasado ejercicio esta cifra permanecía inalterada.

Moderación salarial

A la política desarrollada hasta ahora le ha faltado además el apoyo de la moderación en los salarios y en los beneficios empresariales. Los sindicatos se han negado constantemente a que los trabajadores renuncien a vivir mejor cuando los beneficios de las empresas crecían por encima de las rentas salariales. La huelga del 14 de diciembre de 1988 lo demostró con creces. Las empresas, por su parte, han hecho lo que parece su obligación, ganar más dinero.Ahora el Gobierno se propone afrontar una,recesión económica con las mismas recetas que llevó a cabo cuando el problema era enlentecer el crecimiento, pero con una vuelta de tornillo sólo en lo que aún admitiría una mayor contención: el gasto público. Por ello pide ahora, con unos tintes más dramáticos, la colaboración de empresarios y sindicatos bajo la amenaza del cierre de empresas y el mayor desempleo.

Desde algunos sectores del PSOE y por parte de los sindicatos se ha criticado esta política económica por estar permanentemente inclinada a actuar sobre las grandes cifras y perder de vista la microeconomía. Faltan, en su opinión, medidas estructurales que permitan recomponer la economía española desde dentro. El Gobierno, por el contrario, argumenta que en una economía cada vez más abierta es muy delicado llegar más allá en su intervención.