Compromiso en el cartel
EL ACUERDO alcanzado por 11 de los 13 países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) destinado a garantizar el aumento de sus respectivas cuotas de producción constituye, ante todo, una significativa atenuante de los efectos para la economía mundial del conflicto del golfo Pérsico. Siempre que éste no desemboque en un explícito enfrentamiento armado, cuyas consecuencias económicas son hoy, poco menos que imprevisibles, la recuperación de los 22,5 millones de barriles diarios como límite máximo de producción (frente a los 24 millones de barriles de producción total de la OPEP antes de la crisis y a los 19 millones actuales) posibilitaría unos precios del crudo que alejarían de momento -aunque no definitivamente- el espectro de una recesión generalizada asociada a un colapso en la oferta.El descenso en los precios en más de cuatro dólares el barril con que han respondido los mercados, hasta caer por debajo de los 26 dólares desde los 30,91 con que cerró el de Nueva York el viernes, y la parcial recuperación de las cotizaciones en la generalidad de las bolsas son en mayor medida tributarios de ese compromiso que de las expectativas generadas por las acciones diplomáticas, incluidos los buenos oficios del secretario general de la ONU.
El, empeño de Arabia Saudí y Venezuela por materializar ese compromiso en el seno de la OPEP, independientemente de la configuración formal que revista y de la lógica ausencia del mismo de Libia e Irak, constituye a su vez una tabla de salvación para el propio cartel, amenazado de muerte desde antes de que se iniciara el conflicto. Durante los 10 últimos años, la pérdida de importancia relativa de la producción (desde el 50% de la producción mundial en 1979 al 37% actual) y el fuerte descenso en los ingresos del conjunto de la OPEP (110.000 millones de dólares el pasado año, cuando en 1979 superaron los 430.000 millones) han ido minando la disciplina de esta organización y, con ella, su fin último: la capacidad de control del mercado de forma tal que sea posible maximizar los beneficios de sus miembros.
Entre los factores determinantes de la crisis de la OPEP ocupan un lugar destacado las continuas violaciones de los acuerdos sobre cuotas de producción que Kuwait, entre otros países, había venido realizando en los últimos años. Las actuaciones kuwaitíes tendentes a incrementar su cuota de mercado han contribuido a sacrificar el mantenimiento de un precio de referencia, en contraposición radical a las pretensiones de otros países miembros, y específicamente de Irak, por elevar el precio del barril ante una capacidad de producción situada prácticamente en el límite. Mientras que los ingresos de este último país dependen prácticamente en exclusiva del petróleo, en Kuwait apenas representan un 50%, siendo el resto ingresos procedentes de sus inversiones en Occidente, cuya rentabilidad se ve favorecida, en general, por un precio del petróleo relativamente reducido.
Sobre ese telón de fondo hay que valorar la aceptación del acuerdo por países como Argelia, Indonesia o Nigeria y la pretensión del conjunto de los firmantes de que los grandes importadores y las compañías petroleras movilicen las importantes existencias de crudo acumuladas, estimadas para el conjunto de países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (21 de los, 24 de la OCDE) en casi 100 días de consumo. La dificultad para aceptar una exigencia tal no ha de evitar, sin embargo, la definición por parte de los grandes países consumidores de una nueva sensibilidad en el tratamiento del conflicto que haga posible esa -no por paradójica menos necesaria- convergencia de intereses entre compradores y vendedores de una materia prima fatalmente destinada a poner periódicamente en jaque la estabilidad de la economía mundial.
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