El defensor del africano

Un local destartalado y cálido, situado en la madrileña plaza de las Ventas, albergaba hasta hace poco a toda una institución para los africanos: la Casa de la Palabra (nombre que dan a los centros de reunión social de sus poblados). Este local era un lugar de acogida de los inmigrantes. Allí se les daba comida y ropa, se les buscaba alojamiento, se les prestaba asistencia sanitaria y se les orientaba para legalizar su situación. Al frente de tan peculiar empresa estaba un gallego de Sarriá (Lugo), de mirada brillante y densa barba: el padre Antonio Díaz Freijo, mercedario incansable y corpulento.El padre Antonio, de 41 años, estuvo trabajando durante 12 años en un campo de refugiados de Burundi, hasta que en 1985 el Gobierno de este país lo puso en la frontera. De vuelta en España, se unió a la Casa de la Palabra, proyecto creado dos años antes bajo el amparo de la Delegación Diocesana de Inmigrantes. Con el tiempo dejó de ser un centro africano para convertirse en punto de referencia para inmigrantes de todas las nacionalidades.

"Cuando esta gente llega a España no sabe qué hacer ni dónde ir. Esto provoca que algunas personas se dediquen a explotar estas circunstancias, sacándoles el poco dinero que traen", dice Díaz Freijo.

La Casa de la Palabra, que funcionaba con cerca de 100 voluntarios, de ellos ocho médicos, logró establecer además una red de cooperación con varias empresas de alimentación y laboratorios médicos que donaban parte de sus excedentes. En los últimos meses, 150 personas acudían diariamente a buscar ayuda, y entre 5.000 y 6.000 dependían de esta institución.

El fin de la aventura

Pero llegó un día en el que tuvieron que cerrar. Los dueños del local, que lo tenían alquilado, les instaron a dejarlo o comprarlo. "Cuando acudimos a la Delegación Diocesana nos encontramos con una negativa total, pero no por el hecho del importe, que no se llegó a plantear, sino porque no estaban de acuerdo con nuestra manera de trabajar", explica Díaz Frejio. "Opinaban que hacíamos una labor paternalista y masiva, y que nos ocupábamos de temas que no nos competían".

Díaz Freijo reconoce que la Delegación tenía algo de razón, porque la Casa de la Palabra "había asumido unas responsabilidades que correspondían a otras instancias administrativas". "La Delegación lleva a cabo una labor muy importante, exigiendo de la Administración que legalice la situación de los inmigrantes que trabajan en España", apunta Díaz Freijo. "Esa es una cara de la lucha. Pero hay otra, que es la que nos preocupaba: la atención de las necesidades inmediatas de estas personas. Es una lucha por la dignidad del ser humano".