El juez Baltasar Garzón abrió diligencias a Juan Guerra para aclarar la imputación de Portabales

El juez Baltasar Garzón abrió a primeros de mes diligencias previas contra Juan Guerra tras tener conocimiento de las declaraciones del narcotraficante arrepentido Ricardo Portabales, que imputó al hermano del vicepresidente haber tenido conocimiento de que el dinero a invertir en sus empresas procedía del narcotráfico. Aunque una posible inculpación formal del hermano del vicepresidente en este asunto aparece aún muy difuminada, fuentes jurídicas no descartaron que Juan Guerra sea citado a declarar. La eventual responsabilidad de Juan Guerra se investigará al margen del sumario principal.

El nombre de Juan Guerra aparece referenciado en dos de las declaraciones del narcotraficante arrepentido Ricardo Portabales que constan en el sumario. Portabales citó por primera vez el nombre de Guerra ante el juez Garzón el 7 de marzo pasado. En una primera declaración, Portabales dijo que no creía que Guerra supiera que el dinero que se iba a invertir en varias de sus empresas procediera de la droga.Sin embargo, en una segunda declaración, efectuada el 8 de junio y que obra en el folio 543 vuelto del tomo 3 del sumario, el juez Garzón preguntó a Portabales si sabía Juan Guerra que el dinero que recibía era de narcotraficantes. En su respuesta, Portabales "estima que, por supuesto, sabía que el dinero procedía del narcotráfico". El arrepentido explicó que no lo había dicho antes para no complicar a otras personas.

Esta segunda declaración dio lugar a que en las fechas en que el sumario estaba declarado secreto, la Fiscalía Antidroga solicitase al juez Baltasar Garzón la apertura de diligencias para esclarecer esta imputación. Garzón accedió y abrió diligencias previas, de las que se tuvo conocimiento ayer, al acceder los abogados al tomo noveno del sumario.

Serias reservas

Estas diligencias se abrieron porque el juez consideró conveniente investigar, separadamente del sumario principal sobre el narcotráfico, las dos imputaciones de Portabales, por más que ambas se tratasen de referencias procedentes de terceros. En la actualidad, están pendientes de un informe sobre competencia de la Fiscalía Antidroga, que deberá solicitar, o bien su reparto entre los cuatro juzgados centrales de la Audiencia Nacional, o bien que se envíe el asunto a Sevilla para que se adjunte allí a la causa abierta contra el hermano del vicepresidente.

No obstante, fuentes de la máxima solvencia de la Audiencia Nacional expresaron serias reservas de que estas diligencias previas puedan conducir a una imputación formal contra Juan Guerra, basada únicamente en las dos referencias del narcotraficante arrepentido. Aunque es muy posible que si el asunto pasa a reparto en la Audiencia Nacional, Guerra sea llamado a declarar dentro de algunas semanas, las citadas fuentes indicaron que se trataría más de "cumplimentar un trámite" de la investigación que de inculpar formalmente a Juan Guerra en un delito vinculado al narcotráfico.

A medida que los abogados van tomando mayor conocimiento del sumario crece el convencimiento generalizado de que las imputaciones más serias y fundamentadas del arrepentido Ricardo Portabales se dirigen hacia los narcotraficantes gallegos. En el estado actual de la investigación, las consecuencias de la operación contra el narcotráfico se centran en la completa desarticulación del grupo de capos detenidos.

Por el contrario, cunde un fuerte excepticismo sobre las expectativas de desarticulación de las redes de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Además de la escasez de infraestructura policial para investigar la procedencia de patrimonios, movimientos financieros y las inversiones de los narcotraficantes -de la que ya se quejó el juez Garzón-, las citadas fuentes recordaron que el blanqueo de dinero fue penalmente tipificado a partir de la reforma de 1988, por lo que las anotaciones e imputaciones de Portabales, que se refieren a años anteriores, tendrían escasa entidad en el terreno punitivo.

Por otra parte, el abogado Enrique Beamud, defensor de Portabales, aseguró ayer que éste "no padece ninguna enfermedad mental". Beamud señaló que el pasado mes de mayo solicitó que practicasen a su cliente dos pruebas periciales por médicos forenses especializados en psiquiatría, cuyos resultados, expresados en dos informes, coincidieron en que Portabales no sufre ningún tipo de trastorno psíquico. La segunda de las pruebas estableció, según Beamud, que Portabales no sufre "ningún trastorno de mentalidad y tiene buena capacidad de testimonio".