Un servicio muy amigo de las escuchas

Los hombres del Centro Superior de Información para la Defensa (Cesid), el servicio de inteligencia y contraespionaje militar, han evidenciado en los últimos años una acusada tendencia a poner el oído en cuestiones que no corresponden a su ámbito de actuación natural. El presunto pinchazo telefónico a la Brigada de Policia Judicial de Sevilla constituye el último episodio de actuaciones irregulares del Cesid, que en todos los casos conocidos se han cerrado sin que el Gobierno socialista haya exigido responsabilidades a los jefes del servicio secreto militar.A principios de 1988, la policía descubrió la colocación ilegal por el Cesid de un micrófono en el teléfono del domicilio particular del entonces director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Rafael Pastor Ridruejo. Anteriormente se habían conocido acciones de espionaje similares a magistrados, partidos y personalidades políticas, que no respetaron siquiera a las formaciones que estaban al frente del Gobierno.

Tras la llegada al poder de los socialistas se descubrió en un edificio contiguo al palacio de la Moncloa un local de uso exclusivo de los agentes del espionaje militar, donde se encontraron sistemas para controlar todas las llamadas telefónicas. El hallazgo obligó a instalar un sistema antiescuchas en la sede de la Presidencia, pero no hubo ceses.

Poco después, en 1983, se conoció que el Cesid había controlado al vicepresidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Jerónimo Arozamena, que era ponente de la sentencia sobre la expropiación del grupo Rumasa.

Los agentes habían alquilado un piso próximo a la vivienda del magistrado para espiarle. Entre ellos se encontraba el guardia civil José Gutiérrez de la Rosa, conocido por Carlos, que ha aparecido involucrado en varios trabajos irregulares.

Peces Barba

En 1984 el Cesid dedicó su atención al entonces presidente del Congreso de los Diputados, el socialista Gregorio Peces Barba, según se desprendía del informe que elaboró sobre su vida, origen familiar, aficiones privadas, actividades profesionales y antecedentes policiales. Una demanda judicial presentada por los servicios militares contra la revisa Tiempo, que publicó dicha información, permitió, paradójicamente, confirmarla.

El caso concluyó con una sentencia del juez de Madrid Jorge Alberto Barreiro en la que daba por probado que se había espiado al presidente del Congreso. La resolución judicial consideraba factible que el Cesid hubiera recopilado información sobre las actividades privadas de otros destacados políticos.