La policía y el juez sospechan que el Cesid 'pinchó' el teléfono de los investigadores del 'caso Juan Guerra'

El juez de Sevilla que investiga el presunto pinchazo al teléfono del grupo de Policía Judicial encargado del caso Juan Guerra sospecha del Cesid -servicios secretos militares- como supuesto responsable de esta acción, opinión que es compartida por los mismos policías, según fuentes cercanas a la investigación. "Resulta significativo", ironizan estos medios, "que se pinche el teléfono justo después de que un testigo implicara a altos cargos del Ministerio de Defensa en la operación inmobiliaria de los cuarteles de Madrid".

José Antonio Vidal, jefe del grupo de Policia Judicial, declinó ayer pronunciarse sobre las escuchas telefónicas.La inmobiliaria madrileña Cimsa ofreció un premio de 500 millones de pesetas a Antonio Guerra, hermano mayor del vicepresidente del Gobierno, si conseguía para dicha empresa la adjudicación de los solares de los antiguos cuarteles del Dosko y La Maestranza, ubicados en las inmediaciones de la Puerta del Sol, según han declarado al juez dos testigos.

La Policía Judicial de Sevilla denunció en el Juzgado de Instrucción número 7, que estaba de guardia el pasado 19 de julio, que su línea telefónica había sido intervenida. El juez que se hizo cargo de la denuncia, José Moreno Carrillo, por ausencia del titular del juzgado, Rafael Márquez Romero, comprobó que efectivamente los cables de registro del teléfono se encontraban pelados y con los tornillos flojos.

La declaración del asesor inmobiliario Víctor Renedo, uno de los testigos del caso Juan Guerra, propició el pinchazo telefónico, siempre según las fuentes informantes, que fue descubierto a raíz de que un agente del grupo de Policía Judicial escuchase al descolgar el aparato las siguientes palabras: "Oye, que el pincho no coge". Este periódico no pudo localizar ayer al juez Rafael Márquez Romero, quien ya se ha hecho cargo de la denuncia, para conocer su versión de los hechos.

Por otra parte, Juan José Arenas Casas, amigo y socio al 50% de Juan Guerra en la empresa Corral de la Parra, SA prestó ayer declaración ante: el juez Ángel Márquez Romero, titular del Juzgado de Instrucción número 6 y encargado de la investigación del caso Juan Guerra. Arenas Casas está considerado como el cerebro de la trama empresarial montada por el hermano del vicepresidente. El juez Márquez informó a Arenas Casas que comparecía no como testigo, sino en calidad de inculpado de un presunto delito de fraude fiscal, apropiación indebida y estafa, al haber intervenido directamente en operaciones inmobiliarias que no han sido declaradas a Hacienda.

Declaración de Arenas

Arenas Casas, quien también administra las empresas HRT, SA, Turia 12 y Cimpa, todas ellas vinculadas a Juan Guerra, fue interrogado a lo largo de toda la jornada de ayer, declaración que continuará el próximo martes. Según las fuentes consultadas por EL PAÍS, Arenas Casas adquirió como administrador de Corral de la Parra varias fincas en Sevilla, una de ellas ubicada en la calle de Pagés del Corro. Estas compras fueron registradas con cantidades de dinero que no concordaban con las que después se hacían figurar en las escrituras, siempre según medios cercanos a la investigación.

El juez Márquez posee ya documentación suficiente, siempre según dichas fuentes, para exigir a Arenas Casas una fianza en concepto de responsabilidad civil, tal y como ya ha hecho el juez con Francisco Javier López Martín, amigo íntimo de Juan Guerra.

Por otra parte, el juez Márquez citará el próximo mes de septiembre a Leocadio Marín, ex delegado del Gobierno en Andalucía durante parte del tiempo en que Juan Guerra ocupó un despacho oficial en esa sede gubernamental. Marín, en la actualidad consejero de Agricultura de la Junta, declaró en su día ante el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, Alfredo Flores, que Juan Guerra estaba autorizado para "ocupar" tal despacho. Esta afirmación contrasta con la hecha ante el juez por Rafael Delgado, secretario del vicepresidente del Gobierno. Delgado testificó ante el juez Márquez Romero que Juan Guerra sólo tenía autorización para "acceder" al citado despacho y poder recoger la correspondencia que recibía allí el vicepresidente.

El caso de las cerezas

Alfredo Flores, fiscal del caso Juan Guerra, manifestó ayer que cuando le pedían en el mes de marzo que diera un plazo para la conclusión del caso no se atrevía a hacerlo, porque ocurre como con las cerezas, que tira de unas y salen otras, informa Europa Press.

No obstante, Flores, en declaraciones a Antena 3, manifestó que espera que el caso se cierre este año. Respecto a si se había llevado muchas sorpresas a lo largo de la investigación, el fiscal señaló que no, porque siempre había creído, tal como se ha demostrado, que los problemas estaban en las relaciones con la hacienda pública y en la trama de las sociedades, tarea en la que trabaja en la actualidad.

Sobre la existencia de una sociedad en Gibraltar, el fiscal Flores manifestó que eso forma parte de la investigación, y agregó: "Si aparece una sociedad inglesa administrando sociedades españolas, hay que ver por qué se produce", aunque todavía no sabe que eso se haya producido.

Para Flores, en el citado caso hay dos tipos de investigación. En primer lugar, la policial, que tiene algunos problemas por la saturación de los adscritos a la fiscalía. Por otra parte está la investigación de tipo contable, que obliga a la intervención de expertos, que según dijo, parece ser algo endémico en la justicia española, porque si no se cuenta con expertos, el fiscal se "enfrenta un poco a lo desconocido".

Flores agregó que nunca se ha sentido presionado y que trabaja tranquilo porque en la actualidad sabe más que hace tres meses.