Los activos kuwaitíes en España no serán congelados

Los activos de los kuwaitíes en España no serán congelados por el Gobierno español por tratarse de inversiones privadas realizadas a través de sociedades holandesas, según manifestaron ayer fuentes del Grupo Torras, la sociedad que ha actuado como matriz de las empresas de este grupo. Las mismas fuentes añadieron que todas las inversiones kuwaitíes se han efectuado a través de dos sociedades holandesas, Kokmeeuw Onroerend y Koolmes Onroerend, que significan nombres de pájaros (gaviota de cabeza negra y herrerillo), respectivamente.El capital de estas sociedades pertenece a ciudadanos privados kuwaitíes, integrantes o próximos a la familia real, según las mismas fuentes. Según esta versión, la naturaleza de estas inversiones sería privada a diferencia del carácter público que tienen las inversiones realizadas directamente por Kuwait Investment Office, (KIO), la oficina estatal kuwaití con sede en Londres. Al parecer, y según estas fuentes, las únicas inversiones públicas efectuadas por KIO en España fueron las realizadas al principio en la cadena hotelera HOTASA, que fue adquirida a Rumasa y posteriomente vendida a la cadena Sol.

De ser exactas estas manifestaciones, resultaría que la guerra del Golfo habría puesto al descubierto uno de los mayores enigmas sobre el origen de las inversiones kuwaitíes en España y que según la presente versión no corresponderían a KIO sino a ciudadanos privados. En cualquier caso, lo cierto es que siempre ha sido difícil trazar la linde entre lo público y lo privado en el propio KIO. No obstante, la insistencia en el carácter privado de estas inversiones no se puede olvidar que la presidencia de Torras la ostenta Fahad Mohammed Seihk Al Sabah, presidente de KIO.

Por otra parte, el Gobierno español no considera necesario, por el momento, congelar los activos de KIO en España, según informó ayer el portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID). Esta actitud puede variar, sin embargo, hoy mismo, si en la reunión del Comité de Cooperación Política que se celebra en Roma, los países de la Comunidad Europea deciden adoptar una postura unánime.

El portavoz de la OID justificó la actitud del Gobierno español al entender que los activos de KIO en España -valorados en 700.000 millones de pesetas- "por sus especiales circunstancias están suficientemente asegurados y no son fácilmente manipulables desde el exterior". España, pues, no se suma de momento a la decisión de los gobiernos francés, británico y norteamericano.