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Editorial:

Testimonio inquietante

QUIENES A partir de diciembre de 1982 autorizaron a Juan Guerra, en su condición de asistente del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, el uso de un despacho oficial en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía siempre han afirmado que, hasta donde han podido conocer, nunca se habían realizado actividades privadas en esa dependencia. Impelidos a admitir la evidencia de un hecho tan anómalo como la utilización por un particular de una dependencia pública, han intentado justificar sus declaraciones en la certeza de que el interés público ha quedado, en todo caso, salvaguardado.Pues bien, esta certeza, por lo demás envuelta en los cautelares términos de "hasta donde se ha podido conocer o se conoce", ha sufrido un serio embate con el testimonio de un directivo de Ensidesa que afirmó ante el juez que instruye el caso que la venta de la finca La Carrascosa, propiedad de la empresa pública, a una de las sociedades de Juan Guerra se llevó a cabo en el despacho oficial que ocupaba en la citada sede gubernativa. La aparición de contradicciones tan flagrantes resquebraja seriamente la línea defensiva de quienes consideran que el uso de un despacho oficial por Juan Guerra sólo es condenable si desde él se han realizado actividades distintas de aquellas a que estaba destinado.

El testimonio del directivo de Ensidesa constituye una primera respuesta a la cuestión básica que, a juicio del vicepresidente del Gobierno, debería esclarecerse desde la perspectiva del interés público y para tranquilidad de los ciudadanos respecto del uso de un despacho oficial por su hermano. ¿Se han utilizado correctamente las instalaciones públicas y, en concreto, las de la Delegación del Gobierno en Andalucía?, se preguntaba Alfonso Guerra en su comparecencia ante el Pleno del Congreso del 1 de febrero pasado, al explicar la posición del Gobierno y la suya propia sobre el asunto Juan Guerra. Pues parece que no, a tenor de lo declarado por el representante de la empresa. La cuestión ahora es saber si la novedad de esta respuesta -el propio vicepresidente del Gobierno manifestó que "sería una novedad para mi mismo" la utilización incorrecta de la dependencia oficial- va a modificar en algo la posición mantenida por el Gobierno y el partido socialista en un asunto cada vez más insostenible.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 28 de julio de 1990