Ayuntamientos insumisos
Decenas de consistorios vascos desfilarán ante los jueces por negarse a las labores de reclutamiento
Al ministro de Defensa, Narcís Serra, le crecen los enanos. La campaña lanzada hace dos años por los antimilitaristas vascos para que los ayuntamientos se negasen a colaborar con el Ejército en las tareas de reclutamiento ha prendido entre los partidos abertzales. Más de 60 consistorios del País Vasco y Navarra han recogido la antorcha encendida en 1987 por ayuntamientos pioneros como Lezo (Guipúzcoa) y Vera de Bidasoa (Navarra) y se han declarado insumisos. Sus oficinas de quintas han cambiado los impresos con membrete del Ejército por folletos que explican el derecho a declararse objetores.
El alcalde de Bermeo, José María Ormaetxea, perteneciente a Eusko Alkartasuna (EA), uno de los Ayuntamientos que va a ser denunciado por la fiscalía, pasea con tranquilidad por el espigón artificial del puerto pesquero. "¿Problema por este asunto?", pregunta Ormaetxea, despreocupado. "Ninguno", se responde a sí mismo. "Lo máximo que pueden hacer es enchironarnos, pero no sólo a los que hemos votado a favor de la moción, sino a todos. Los insumisos y los autoinculpados" [personas que han inducido al mozo a no ir al servicio militar].Los ayuntamientos insumisos son una patata que quema en manos del Ministerio de Defensa y del poder judicial. La estrategia de la insumisión impulsada a principios de 1989 por el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) se ha institucionalizado. Herri Batasuna (HB), Eusko Alkartasuna (EA) y, de una forma más testimonial, Euskadiko Ezkerra (EE) y el PNV, han trasladado a los ayuntamientos la batalla por la desmilitarización de las entidades y las instituciones civiles. Más de 60 consistorios de las comunidades vasca y navarra han aprobado resoluciones con dos puntos comunes: su sentido antimilitarista y su negativa a colaborar con el Ejército en las labores de reclutamiento.
Pasar por el juzgado
Este último punto motivó al Gobierno Civil de Vizcaya a pedir a los ayuntamientos las resoluciones antimilitaristas con el fin de que el fiscal comprobara si existía algún tipo de delito. Jesús Cardenal, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, no tardó en responder. A finales de febrero denunciaba al Ayuntamiento de Busturia por presunto delito de sedición, al no haber prestado un servicio público. Meses más tarde, el consistorio de Etxebarria se convertía en el segundo denunciado. En un plazo breve de tiempo engrosarán la lista una veintena más, según ha confirmado el Gobierno Civil.La titular del Juzgado de Instruccíón número 2 de Gernika, competente en el caso de los dos Ayuntamientos citados, se enfrenta al vértigo de lo desconocido. "Aún no sabemos por dónde vamos a tirar, nunca habíamos tenido un caso como éste", reconoce. De momento, todos los alcaldes y concejales irán desfilando por el juzgado.
Serra, por su parte, se enfrenta a la presión social y a la desobediencia civil. Defensa ha enviado un requerimiento a los ayuntamientos de Muxika, Bermeo, Lekeitio y Busturia, todos en Vizcaya, para que cumplan las obligaciones que se derivan de la Ley del Servicio Militar. Esta ley atribuye las tareas de reclutamiento de los mozos a las administraciones locales. Sin embargo, los ayuntamientos afectados persisten en su actitud de devolver toda la información enviada por el Gobierno Militar de Vizcaya y de negarse a tallar a los mozos. Algunos, como el de Vitoria, animan a los jóvenes a objetar. Otros, como el de Lekeitio, han abierto una oficina del insumiso para asesorar a los jóvenes sobre lo relacionado con el servicio militar obligatorio.
"La actividad de los movimientos antimilitaristas en la última década ha empezado a dar sus frutos", apunta Juan Carlos González, un miembro del MOC. "Euskadi tiene uno de los porcentajes más altos de objeción de conciencia en Europa", añade, "sólo superado por Alemania, y el más alto de insumisos. Además, junto con Cataluña y Canarias, las comunidades vasca y navarra fueron las únicas que votaron contra la integración en la OTAN". Según un estudio encargado por el Gobierno vasco, el 97,7% de los jóvenes vascos y navarros se muestra contrario al servicio militar obligatorio.
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