Contradicciones en la versión de la empresa
J. M.La nota oficial de Ensidesa, en la que el pasado 10 de enero explicaba la venta de la finca La Carrascosa, omitía varios detalles revelados ahora con la declaración ante el juez de uno de sus directivos, quien aparece al menos una vez en el registro de la Delegación del Gobierno de Andalucía.
La nota fijaba la fecha de venta de la finca el 28 de octubre de 1988, un día después de que fuese autorizada por el Consejo de Administración de la empresa pública, y 24 días antes de que se constituyera Fracosur, SA, sociedad compradora, ante el notario Vitorio Magariños Blanco. Sin embargo, ahora se ha conocido que un mes antes, en septiembre, ya existía un contrato privado firmado por un directivo de la empresa y Juan Guerra en el propio despacho que éste ocupaba en la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Por la declaración del directivo también se ha sabido que la autorización de la cúpula. administrativa de Ensidesa no era necesaria, según relató el letrado que representa al Partido Andalucista en el caso, Emilio Lechuga. El abogado señaló tras las declaraciones de Fernando Castro Fernández, director general económico y financiero de Ensidesa, que en operaciones inferiores a 50 millones de pesetas no se requiere el permiso del Consejo de Administración de Ensidesa, ni tampoco dar cuenta de la misma al INI, del que depende la compañía metalúrgica. Por ese motivo, el abogado Emilio Lechuga tampoco se explicaba ayer los motivos de las diferentes tasaciones y valoraciones de la finca realizadas por los servicios técnicos de Ensidesa, primero al alza, y luego, cuando se pretendía su venta, a la baja.
Ninguno de los directivos de Ensidesa que acudieron ayer al juzgado de Instrucción número 6 quiso explicar a los periodistas el contenido de sus declaraciones, y se refugiaron en el secreto del contenido de las diligencias y en que la declaración aún no había terminado. Ante la insistencia, alguno llegó a decir: "¿Tengo obligación de contestarle?".
