El nuevo Plan Estratégico Conjunto no tiene en cuenta la distensión ni los cambios en el Este

El Plan Estratégico Conjunto (PEC) 1991-1996, eje de la política militar española en los próximos años, que ayer recibió el visto bueno de la Junta de Defensa Nacional y será aprobado próximamente por el Gobierno, no tiene en cuenta el actual clima de distensión, según fuentes que han tenido acceso a este documento clasificado. La unificación de Alemania, la práctica disolución del Pacto de Varsovia o la Conferencia de Viena, que culminará antes de fin de año con un acuerdo sobre reducción de fuerzas convencionales en Europa, están ausentes del PEC que sustituye al vigente desde 1985.

El ministro de Defensa, Narcís Serra, reconoce que "deberán alterarse sustancialmente muchos de los supuestos" incluidos en el nuevo PEC, para incorporar los profundos cambios que se están produciendo en la escena internacional. Fuentes de Defensa justifican la obsolescencia de los supuestos estratégicos en los que se basa el PEC, argumentando que este documento tiene un dilatado periodo de elaboración y que la fluidez de los procesos y la incertidumbre que los rodea aconsejan cautela antes de modificar las doctrinas militares; lo que, sin embargo, ya está haciendo la OTAN.En opinión de Serra, es mejor aprobar el PEC, aunque parta de una situación ya superada, que esperar a una estabilización seguramente lejana de los parámetros que condicionan la política de seguridad. El PEC que conoció ayer la Junta de Defensa Nacional -presidida por el Rey e integrada por el presidente del Gobierno; el vicepresidente; los ministros de Defensa, Exteriores, Economía e Interior; y la Junta de Jefes de Estado Mayor- ha sufrido ya un retraso de dos años sobre la fecha prevista.

La aprobación del PEC permitirá al Gobierno, según fuentes de Defensa, "encajar" en el mismo el resultado de la Conferencia de Viena y medir sus efectos sobre las Fuerzas Armadas españolas, que deberán reducir los medios del Ejército de Tierra y la Fuerza Aérea, pero podrán modernizar el material que les quede gracias a las transferencias de armamento entre los países aliados. Serra asegura que la primera revisión del nuevo PEC, prevista para 1992, no supondrá una simple actualización, sino una profunda reelaboración del mismo.

Para poner en marcha el proceso que debe culminar con el PEC 1993-98, el Gobierno aprobará en los próximos meses una nueva Directiva de Defensa Nacional, en sustitución de la de 1986, que fijará los objetivos estratégicos de España.

Amenazas

El nuevo PEC diferencia, como el anterior, entre la "amenaza compartida" con los restantes países de la OTAN, representada por la Unión Soviética, y la "amenaza no compartida", procedente del norte de África. Aunque el concepto de "amenaza no compartida" debe mantenerse, debido a que el

Magreb se encuentra fuera del paraguas de la OTAN y a que el contenciso de Ceuta y Melilla tiene un carácter exclusivamente bilateral entre España y Marruecos, los expertos de Defensa consideran que la "inestabilidad" de la región representa, cada vez más, una amenaza para el conjunto de la Alianza.

La profunda crisis económica de los países magrebíes, la fuerte presión demográfica, el avance del fundamentalismo religioso y la fragilidad de los sistemas políticos configuran un cuadro inquietante para el flanco sur de la OTAN, en opinión de los expertos militares, sin olvidar la proliferación de sistemas balísticos y la persistencia de conflictos como el de Oriente Medio en la orilla oriental del Mediterráneo.

La importancia creciente que concede el Ministerio de Defensa a la situación del Mediterráneo, donde se ubica el riesgo más probable, se evidencia en la potenciación de la cooperación con dos países ribereños, Francia e Italia, y en la búsqueda de la interoperatividad con las respectivas marinas, así como con la Sexta Flota de los Estados Unidos. La preocupación por el Magreb explica igualmente los acuerdos de cooperación militar ya firmados con Marruecos, Túnez y Mauritania.

La realización de maniobras aeronavales en el Mediterráneo Occidental es uno de los seis acuerdos de coordinación en los que se plasma la contribución militar española a la OTAN, reflejada en el primer PEC posterior al referéndum. Junto a este acuerdo, y a los dos ya firmados, el de maniobras aeronavales en el Atlántico Oriental y el de control de espacio aéreo, aparecen, con mayor o menor precisión según los casos, los otros tres acuerdos actualmente en negociación con la Alianza: el de defensa del propio territorio; el de control del Estrecho de Gibraltar; y el de utilización de España como zona de retaguardia y llegada de refuerzos ante un conflicto Este-Oeste.