La investigación judicial a Juan Guerra y sus socios aporta indicios de delito fiscal

El juez de instrucción número 6 de Sevilla, Angel Márquez, ha ordenado a la Inspección de Hacienda que le informe acerca de la liquidación que corresponde a Juan Guerra González, su socio Juan José Arenas y sus empresas -Corral de la Parra, Fracosur y sociedades participadas-, por los últimos ejercicios fiscales. También ha pedido idéntico informe respecto de Francisco López Martín, persona que mantiene estrechas relaciones financieras con Juan Guerra, según fuentes jurídicas. De ese peritaje depende que se formule una acusación por delito fiscal, con la consiguiente apertura de juicio.

Esta medida se debe a la abundancia de indicios sobre la defraudación presuntamente cometida, que han sido aportados por la Policía Judicial y varios testigos, además de los datos descubiertos en su día por la inspección de Hacienda. Las investigaciones han descubierto movimientos de fondos no declarados a Hacienda en su momento. Juan Guerra o sus empresas han presentado tres declaraciones complementarlas desde que se inició la investigación, pero Hacienda no les ha admitido el pago de las dos últimas, dado que la inspección se encuentra ahora bajo control judicial.Lo que el juez ha pediodo a los inspectores es un cuantificación de los indicios de defraudación descubieros, para con ello poder determinar alguna acción jucial contra algunas de las personas o sociedades relacionadas en el caso. La defraudación es un delito cuando supera los cinco millones de pesetas en un sólo ejercicio.En 1988 han sido acreditados ingresos por valor de 110 millones de pesetas en las cuentas de Juan Guerra, que muchas veces aparecen mezcladas en cuentas bancarias a nombre de sociedades y otras cuentas personales. Incluso algunas cuentas supuestamente "anónimas", que los bancos utilizan habitualmente para determinadas operaciones. El dinero corría de mano en mano, literalmente, puesto que gran parte de los fondos circulaba en metálico.

De esa cantidad, veinte millones proceden de un préstamo realizado por una persona que no pidió garantía alguna, y otros veinte de una cesión de crédito, no declarada tampoco en su momento. Juan Guerra recibió otros 60 millones de Francisco López Martín, ex dueño de la empresa Construcción Modular Andaluza y amigo personal de Juan Guerra desde siempre. Cobró, asimismo, sumas menores ,de empresas prácticamente inactivas, además de las cantidades abonadas por el PSOE, que le pagaba una parte como sueldo, y otra para sufragar el "servicio de seguridad" del partido.

El hermano del vicepresidente del Gobierno sostiene que una parte de esos ingresos eran préstamos a devolver: cosidera como tal, por ejemplo, los 60 millones que le entregó Fracisco López Martín, el hombre que acostumbra a no hacer nunca la declaración de la renta - según confesó él mismo ante el juez Márquez -. Pero ese préstamo fue entregado en efectivo y sin formalización de garantía alguna por lo cual los investigadores entienden que se trata de un incremento patrimonial del hermano del vicepresidente.Juan Guerra ha intentado acreditar gastos importantes de 1988, pero se ignora todavía el uso dado a una parte del dinero. Falta también revisar la declaración de impuestos correspondiente a 1989 para completar el cuadro de situación tributaria de las personas sometidas a esta investigación. Asimismo, faltan las declaraciones de las sociedades implicadas, cuyo plazo de entrega finaliza el próximo día 20.

Peculiar maraña

La red de negocios tejida en torno a Juan Guerra funcionaba por procedimientos muy peculiares. Para cada asunto importante abordado por Corral de la Parra, SA -la sociedad matriz-, esta empresa no aportaba dinero: sin embargo, los demás socios ponían cantidades mucho más altas de las exigidas por los negocios pretendidos o realizados.

Por ejemplo: HRT, compañía participada por Corral de la Parra, aportó más de 50 millones para comprar un edificio en la calle sevillana de Pagés del Corro, cuyo precio de compra no alcanzaba los 25 millones, según declaraciones ante el juez de los copropietarios de tales inmuebles. El escriturado era aún menor, pero esa práctica se considera moneda corriente en el mercado inmobiliario español.

La investigación ha documentado que se operó con tres cantidades: se escrituró por 15 millones, se compró por cerca de 25 millones y, sin embargo, los socios capitalistas desembolsaron más de 50 millones de pesetas en la operación, sin que se conozca el destino del dinero sobrante. Ese mismo esquema se repitió en operaciones de Cimsa, otra de las inmobiliarias participadas por Corral de la Parra. Cimsa aportó más de 100 millones para la compra de un edificio a nombre de la empresa Turia 12, por el cual se pagó realmente una cantidad inferior.