Amnistía Internacional señala la existencia de muchos procesos por tortura en España

España sigue figurando en el informe periódico de Amnistía Internacional (Al), que en 1989 refiere alegaciones de malos tratos sufridos por detenidos en aplicación de la ley antiterrorista y de presos comunes bajo custodia policial. Amnistía Internacional destaca la existencia de numerosos procesos judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad acusados de torturas y de malos tratos.

El informe señala en su vertiente positiva que España ha suscrito la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y que la mayoría de los detenidos en aplicación de la Ley Antiterrorista pasa a disposición judicial antes del nuevo límite reducido de cinco días de incomunicación. Sin embargo, el informe denuncia que "numerosas judiciales abiertas en años precedentes sobre alegaciones de torturas y malos tratos seguían sin resolverse", aunque "varios miembros de las fuerzas de seguridad fueron encontrados culpables" de esos delitos.La suspensión de la tregua de ETA costó 23 vidas en 1989, a las que hubo que sumar las producidas por otros grupos armados recuerda el informe, que hace notar que la detención de 46 personas relacionadas con el comando Araba produjo alegaciones de torturas y malos tratos, en especial presión psicológica basada en encapuchamientos y vendado de ojos, además de palizas.

Las palizas se aplican también a presos comunes, y Al destaca el caso de uno, acusado de delitos sexuales contra menores, que pereció en Las Palmas al poco de su internamiento en prisión.

La presidenta de la sección española de Amnistía Internacional, Carmen Soto, declaró ayer en una conferencia de prensa que el número de denuncias por malos tratos interpuestas por presos sometidos a la ley antiterrorista, si bien seguía siendo preocupante, se había reducido durante los últimos meses.

Carmen Soto mostró su preocupación por las irregularidades habidas en algunos cárceles españolas. El informe detalla algunos malos tratos perpetrados por los funcionarios de la prisión de máxima seguridad de Alcalá-Meco, tales como la utilización de acrosoles paralizante como castigo. En noviembre pasado, Amnistía Internacional escribió al ministro del Interior, José Luis Corcuera, expresando su preocupación por los malos tratos infligidos en la mencionada cárcel.

Refugio político

El coordinador de refugiados de este organismo no gubernamental, Enrique García Herrero, expresó que la homogeneización legislativa sobre refugio político y asilo que adoptará en un futuro próximo la Comunidad Europea era una de las precupaciones de esta organización, fundada en 1961. "La vigente legislación española en la materia es, sin embargo, bastante favorable; el problema es su aplicación", añadió Enrique García. En el pasado año se concedieron en España 248 solicitudes de asilo y seis de refugio político, un 25% y un 2%, respectivamente, de las peticiones.El informe de este año hace hincapié en las violaciones de derechos humanos surgidos en el contexto de conflictos étnicos y nacionalistas como los tamiles en Sri Lanka, Irlanda del Norte, el pueblo kurdo, o el palestino.