Pepe Gotera y Otilio,derribos a domicilio

"El jefe nos dijo que ésta, y la tiramos. Y lo volveríamos a hacer si el jefe nos lo ordenara". Así se explicaba ayer uno de los empleados de la empresa de derribos Trilles-López, que el lunes confundió una casa en ruinas con un chalé habitado del barrio barcelonés de Sant Genís dels Agudells. Sin embargo, el principal responsable de la chapuza es el Ayuntamiento, ya que ningún funcionario controló el derribo. El consistorio ha ofrecido una "generosa indemnización" a la familia afectada, que amenaza con querellarse contra el alcalde.

Los vecinos de la calle de Cànoves no se cansaban ayer de repetir que antes de que entraran las máquinas advirtieron reiteradamente a los empleados de Trilles-López de su error. "Les dijimos más de 20 veces que llamaran al Ayuntamiento para confirmar lo que les decíamos, pero no nos hicieron caso", explica la vecina Antonia Álvarez.Nadie en el barrio de Sant Genís entiende cómo pudieron creer que la casa de la familia Raspall estaba deshabitada. La puerta de la verja estaba recién pintada. Sus moradores habían dejado a punto la casa el domingo para pasar allí las vacaciones, como hacen todos los veranos.

La familia Raspall se enteró de que estaban derribando su casa a través de los vecinos. "Unos fuimos en moto y otros en taxi, pero aunque tardamos pocos minutos llegamos demasiado tarde. La excavadora ya había acabado", explica Montserrat Raspall, quien no olvidará nunca la sensación que tuvo de "desesperación y los deseos de romperle la cara al culpable" al ver la casa, construida por su abuelo Emili Raspall, y todos sus enseres reducidos a escombros.

En las oficinas municipales reinaba ayer la perplejidad. Sobre todo al comprobarse que ningún técnico municipal, ni del distrito de Horta-Guinardó ni del departamento de Urbanismo, había acudido a controlar el verdadero objetivo de la acción: derribar la casa en ruinas situada en el número 7 bis de la calle de Cánoves, junto al edificio demolido por error.

Error en los planos

La posible existencia de un error en los planos del expediente de expropiación, unida a la coincidencia de la numeración de la calle, son las únicas causas que pudieron inducir al fatal equívoco. Ante la magnitud de lo sucedido, el Ayuntamiento ha decidido tramitar la expropiación de la finca de los Raspall -calificada de zona verde por la actual ordenación urbanística- y ofrecer "una generosa Indemnización" por los daños a sus propietarios.Antes de que ayer se iniciaran las negociaciones entre ambas partes, el abogado de la familia, Josep María Llauradó, anunció que los afectados preparan la presentación de una querella contra el alcalde Pasqual Maragall.

Compungido por los hechos, el concejal del distrito de Horta, el socialista Albert Batlle, arremetió contra la empresa de derribos, a la que acusó de "una falta absoluta de profesionalidad ya que ni siquiera desconectaron el agua y la electricidad, ni tampoco retiraron el mobiliario". Según el abogado de la familia Raspall, el gerente de Trilles-López rechazó que su empresa fuera responsable de lo ocurrido.