La Fiscalía del Estado acepta mediar en la solución de la crisis de las compañías de seguros de coches

La Fiscalía General del Estado está dispuesta a intervenir en la búsqueda de soluciones que ayuden a atenuar las consecuencias que para las compañías de seguros están teniendo las crecientes indemnizaciones fijadas por los jueces y que en gran medida parten de las peticiones que realizan los fiscales. Tras los infructuosos contactos con responsables de la judicatura, los representantes de las aseguradoras han cambiado de estrategia.

Pese a la postura receptiva de la Fiscalía General del Estado, el mensaje transmitido por ésta al equipo que dirige el presidente de la Agrupación de Automóviles de la patronal Unespa, José Cercós, es que, en cualquier caso, las eventuales conversaciones que puedan tener lugar deben plantearse por la Dirección General de Seguros, como máximo órgano de control administrativo de las compañías de seguros.Las indemnizaciones por daños corporales fijadas por los tribunales se han duplicado en 1989, impulsadas en cierta medida por las calificaciones de los fiscales. En concreto, en el pasado año las aseguradoras pagaron por este concepto 250.000 millones de pesetas, en tanto que las estimaciones para el presente ejercicio elevan la cifra hasta los 275.000 millones.

Esta situación ha llevado a las compañías a solicitar el apoyo de la Administración, en el convencimiento de que, de persistir la tendencia, ese puede ser el final para un buen número de las 175 empresas que trabajan actualmente el ramo de automóviles. De forma simultánea, se han planteado algunas alternativas que, básicamente, se pueden resumir en cuatro.

La primera ha sido la de proponer unos sistemas que hagan posible la homogeinización y objetivación del coste de los siniestros de los que se deriven víctimas mortales o con incapacidades -definitivas o temporales-, de tal forma que se evite la actual disparidad de criterios judiciales que se observa en las sentencias que se dictan. Se trataría, en definitiva, de contar con unos baremos de indemnización para los diferentes daños físicos, y en función de las circunstancias en las que concurra el perjudicado en el accidente.

La segunda acción apuntada ha sido la de lograr la despenalización de los accidentes de tráfico, con objeto de evitar la vía de lo penal, el colapso de la administración de justicia y los trámites burocráticos, que molestan a los asegurados y hacen perder dinero a las aseguradoras. En tercer lugar, se ha planteado la conveniencia de acudir a soluciones extrajudiciales, y a la llamada declaración amistosa de accidentes. Finalmente, la cuarta propuesta gira en tomo a la prevención, basada en imponer un castigo económico al causante del daño, lo que podría ser un acicate para que los conductores extremaran su atención de cara a evitar los siniestros.

Las indemnizaciones por daños corporales fijadas en las sentencias de los jueces y en las peticiones formuladas por los fiscales, se han situado en el primer trimestre de 1990 un 20% por encima de las cálculos realizados por Unespa.