Acuerdo en la minería para prejubilaciones con todo el sueldo

Los trabajadores de la minería privada, cuyas empresas se ven afectadas en los dos próximos años por la reconversión del sector, con cierre de explotaciones o reducción de plantilla, podrán acogerse a jubilaciones anticipadas a partir de la edad de 55 años con el 100% de sus haberes, según un acuerdo alcanzado a última hora del jueves en la llamada Mesa Tripartita del Carbón, de la que forman parte los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO, la patronal Carbunión y los ministerios de Industria, Economía y Trabajo. La reconversión de la minería privada cerrará en todo el territorio nacional alrededor de 40 empresas, lo que supondrá la desaparición de 4.600 empleos directos, la mitad de ellos en las cuencas de la provincia de León (Bierzo, Villablino y Sabedo).El Gobierno está también dispuesto a subvencionar a fondo perdido hasta el 65% del coste de las indemnizaciones por despido, estimadas inicialmente en unos cinco millones de pesetas por cada trabajador, además de garantizar dos años de percepción ininterrumpida del subsidio de desempleo para todos ellos, independientemente del período de tiempo que hayan cotizado a la Seguridad Social.

Por último, en la misma reunión de la mesa tripartita, la Dirección General de Minas accedió a subir de 10.000 a 12.500 millones de pesetas el fondo de ayudas a las empresas que, desde ahora hasta 1993, acometan programas de modernización para mejorar su productividad. En estos casos, el Estado subvencionará, igualmente a fondo perdido, el 50% de las inversiones empresariales en minas que presenten alguna posibilidad de seguir produciendo carbón a precios rentables (9.000 pesetas la tonelada).

Los acuerdos sobre la reconversión minera no tienen todavía cuantificado su coste total, por lo que serán necesarias nuevas reuniones de la mesa tripartita, a medida que se tramiten los cierres, despidos, jubilaciones y proyectos de inversión.

Además, queda por abordar todavía la parte más difícil de la negociación Gobierno-sindicatos, relacionada con la minería pública asturiana (Hunosa y Minas de Figaredo), que han acumulado durante el último ejercicio pérdidas superiores a los 55.000 millones de pesetas. La CE ha urgido recientemente al Gobierno español para que ejecute también cuanto antes la reestructuración de ambas empresas, advirtiendo que no podrán seguir subsistiendo con dinero público, como hasta ahora, a partir de 1993.