'Tiro de gracia' a la reforma agraria portuguesa

El Parlamento de Lisboa ha puesto el punto final en la experiencia portuguesa de reforma agraria, que fue uno de los aspectos más polémicos pero también más simbólicos de la revolución de los claveles. La revisión de la Ley de Bases de la Reforma Agraria de 1988, que la mayoría socialdemócrata acaba de aprobar con el voto en contra de la oposición socialista, comunista y democristiana, se limita en realidad a dar el tiro de gracia a una reforma que dejó hace tiempo de tener cualquier significado económico o social y que socialistas y socialdemócratas acordaron, en vísperas de la revisión constitucional de 1989, excluir del sistema jurídico portugués.

Durante el invierno de 1974-1975, se iniciaron de forma más o menos espontánea las ocupaciones de las tierras de los grandes latifundios del Alentejo, al sur del Tajo, recuperadas políticamente por el Partido Comunista Portugués (PCP), que hizo de esta lucha de los jornaleros agrícolas del sur la "mayor conquista de la revolución de abril". El proceso llegó a su punto culminante en 1976, con la primera Ley de Reforma Agraria, que trataba de dar una base jurídica a la expropiación de hecho de más de 1,6 millones de hectáreas de tierras.Sin embargo, rápidamente, el tema de la reforma agraria fue la línea de ruptura entre derecha e izquierda y, en el seno de esta última, entre socialistas y comunistas, puesto que la organización de las Unidades Colectivas de Producción Agrícola (UCP), organizadas por los comunistas en los antiguos latifundios ocupados, fue considerada como la punta de lanza para la colectivización de la economía portuguesa según el modelo de los koljoses y sovioses soviéticos.

La primera delimitación geográfica del ámbito de la reforma trasformó el Tajo en frontera política entre el sur rojo y el norte conservador y minifundiario, sobre un fondo de discriminación socio que hizo de los alentejanos el blanco de un anecdotario tradicional marcado por un racismo inconfesado.

Línea de combate

El desmantelamiento de las UCP fue, desde 1976, la primera línea de combate de todas las fuerzas políticas y sociales empeñadas en la lucha contra el llamado asalto comunista al poder. A partir de 1980, la situación de hecho en la zona de la reforma agraria precedió siempre a las sucesivas revisiones de la legislación y, actualmente, el total de las tierras aún en poder de las UCP no sobrepasa las 100.000 hectáreas. Aún así, las pocas cooperativas que subsisten son las que supieron, a tiempo, adaptarse a las reglas de la economía privada y de mercado, comprando o alquilando las tierras y transformándose en empresas modernas.La legislación ahora aprobada elimina toda invocación a leyes precedentes para justificar la expropiación por el Estado y autoriza a los propietarios expropiados a recuperar la totalidad de sus bienes. Sin embargo, la reconstitución de los antiguos latifundios, energéticamente condenada por socialistas y comunistas en el hemiciclo del palacio de San Bento, no pasa, en la mayoría de los casos, de un mito sin significado real.

Hace mucho que el cultivo extensivo de cereales y la explotación del corcho han dejado de interesar a la vieja oligarquía terrateniente portuguesa y quienes mandan de hecho, hoy día, en el Alentejo, son las sociedades capitalistas que orientan la actividad económica de la región hacia la producción de maderas y la pecuaria. Decenas de agricultores alemanes y holandeses se instalaron en los últimos cinco años en el Alentejo, introduciendo nuevas técnicas y formas de organización. Es previsible que uno de los efectos prácticos de la nueva legislación sea el de facilitar la transferencia de la propiedad de la tierra en manos extranjeras.

Al margen del debate sobre la liquidación de la reforma agraria, el partido democristiano Centro Democrático y Social (CDS) ha divulgado un comunicado de condena de la reciente decisión del Gobierno de liberalizar las importaciones de productos agrícolas -huevos, leche y derivados, carne- para frenar la inflación.

Según el CDS, con esta medida el Gobierno "penaliza a un sector altamente desfavorecido, amenazando la supervivencia de un número elevado de explotaciones agrícolas y ganaderas y comprometiendo el desarrollo estructural en curso con fuerte apoyo de la CE".