La solidaridad como exigencia democrática

Es indudable que las transformaciones políticas, económicas y sociales de los países que formaban el bloque comunista suponen la caída de este modelo, que durante todo el siglo XX se ha opuesto como opción alternativa a la democracia liberal establecida sobre los principios de las revoluciones americana y francesa del siglo XVIII, y convertida en democracia social por los postulados keynesianos. El derrumbe del marxismo-leninismo como ideología capaz de organizar y dirigir la sociedad vendría a confirmar que no hay otro modelo posible que la democracia social-liberal.Axiológicamente se puede decir ya que la democracia política no tiene rivales; y al desaparecer el marxismo-leninismo como alternativa, tampoco puede servir ya de coartada para disimular las numerosas vulneraciones de los principios democráticos que se producen en los países que se proclaman pluralistas y defensores de las libertades.

Punto de referencia

La democracia, a partir de ahora, tiene que confrontarse en mayor medida consigo misma. Los valores democráticos se convierten en el punto de referencia, en el criterio de juicio para contrastar su propia existencia. La pregunta que tenemos que hacernos continuamente es: ¿nos estamos aproximando al ideal democrático, o estamos corriendo el riesgo del fracaso porque nos olvidamos de las propias raíces de la democracia, que exigen una continua profundización? La democracia es un proyecto exigente y ambicioso.

Ante los riesgos de devaluación sustancial de la práctica ordinaria de la vida democrática, el liberalismo progresista tiene planteadas multitud de exigencias que son un estímulo para su potencialidad creadora.

Hay que recordar, a este respecto, que, en un sistema democrático, el principio de que la mayoría elegida es la que decide ocupar sólo un segundo lugar. El primer principio es el imperio de la ley, es decir, la vigencia del Estado de derecho, que no es sino el conjunto de garantías que protegen a cada ciudadano contra los riesgos de un despotismo de la mayoría.

.La primera exigencia del liberalismo progresista sigue siendo la de mantener una actitud vigilante ante el poder económico y el poder político en defensa de los derechos individuales de los ciudadanos y de las, minorías, en defensa de la igualdad de oportunidades y de la solidaridad.

El mayor riesgo del liberalismo estriba en el intento de su apropiación y desnaturalización por parte del conservadurismo. El conservador se reclama liberal para petrificar un determinado statu quo económico en la sociedad. Defiende las libertades individuales y reclama un Estado que le garantice, con la ley en la mano, un sistema de economía de mercado en el que el conservador se encuentra situado en posición ventajosa para competir. Y, por supuesto, rechaza que el Estado deba asumir funciones compensatorias. Probablemente no se atreva a confesarlo en voz alta, pero aplaude entusiasmado los intentos de Reagan y Thatcher de recortar los gastos sociales porque comparte la idea de que la protección social alienta la marginación.

De ahí que el CDS, desde su fundación, haya dedicado especial atención al desarrollo y salvaguarda institucional de nuestro país, contrastando permanentemente el funcionamiento de nuestras instituciones con el ideal democrático.

Desde ese punto de vista, algunas de nuestra leyes deben modificarse sensiblemente si quieren acercarse a la realización de los valores proclamados en la Constitución. Por otro lado, el respeto integral al Estado de derecho (y por tanto, una política que recorte espacio a la ilegalidad, a la prepotencia, a la corrupción) constituye el fundamento de legitimidad del Gobierno democrático y la garantía de solidez de las instituciones.

Auténtica democracia

Cuando, por ejemplo, hablamos de que la nuestra es una auténtica democracia representativa, en la que cada hombre equivale a un voto, no estamos diciendo toda la verdad. Un voto libre e igual en condiciones de imparcialidad es una exigente pretensión que algunas democracias, y entre ellas la nuestra, satisfacen cada vez menos.

Para conseguir ese objetivo se impone un requisito: que la competencia electoral se desarrolle en un marco de rigurosa igualdad de oportunidades. Para que ésta sea realidad es esencial que todos tengan la posibilidad de comunicar, de ser escuchados.

Esa igualdad de oportunidades se vulnera desde dos flancos: el poder económico y el poder político.

La libertad económica conduce a grandes disparidades en la distribución de recursos. Pero ello no debería ser convertible en recursos políticos. Por eso discrepo profundamente de las voces que en estos días se alzan en nuestro país, y lógicamente desde el espectro conservador, a favor de la financiación privada de los partidos políticos y de la competencia electoral. Muy al contrario, pienso que la financiación debería ser casi exclusivamente pública, materializada básicamente en forma de recursos de comunicación, con el carácter más equitativo posible para todos los contendientes. Ello redundaría, además, en una reducción muy sustancial de los gastos electorales y de las sombras de corrupción que últimamente nos acosan.

Posesión del poder

El otro flanco desde el que se acosa al voto libre e igual es esa gigantesca ventaja que otorga la posesión y el ejercicio del poder. Desde las formas más primitivas de caciquismo hasta las más modernas y refinadas de anunciar inversiones públicas o conceder subvenciones en campañas electorales, el ejercicio del clientelismo con los recursos públicos es una corrupción del ideal democrático. En líneas generales, favorece el voto de trueque y el clientelismo toda política que ensancha los márgenes de discrecionalidad del poder y restringe el operante automatismo de la ley.

Otro gran aspecto de nuestra democracia que exige una revisión continua es nuestra aproximación o alejamiento del ideal consagrado en nuestra Constitución de un Estado social de derecho. Esto es, del desarrollo de la igualdad de oportunidades y de la solidaridad.

Hoy es evidente que tanto en el mundo como en nuestro país se avanza más deprisa en el desarrollo de la libertad que en la construcción de la solidaridad. Los que defendemos una opción social-liberal y progresista entendemos que este desequilibrio puede tener consecuencias funestas si no nos esforzamos en corregirlo. Pero ello no supone que haya que retrasar el despliegue de las libertades, sino que hay que acelerar los mecanismos que robustezcan la solidaridad.