El 'caso Juan Guerra' destapa una trama empresarial de evasión fiscal
La investigación que realiza el titular del juzgado de instrucción número seis de Sevilla, Angel Márquez, en relación con el caso Juan Guerra, ha abierto nuevas pesquisas y destapado una trama empresarial cuyo objetivo era eludir impuestos, según declararon ayer fuentes judiciales cercanas al sumarlo.El juez Márquez va a centrar ahora su investigación en las empresas Corral de la Parra, de la que es socio fundador Juan Guerra, y en la denominada HTR, S. A.. Según estas fuentes, una escucha telefónica realizada en marzo por orden judicial en un local público de Sevilla, con el fin de investigar las actividades de unos traficantes de droga, ha propiciado el descubrimiento de esta trama empresarial, "que da un nuevo cariz al asunto".
El propósito del juez Márquez es aclarar la procedencia del del dinero -unos 80 millones de pesetas, aproximadamente utilizado por HTR, S. A. para adquirir cinco solares distintos en Sevilla capital. Un 15% de las acciones de HRT pertenece a El Corral de la Parra.
El juez Márquez quiere investigar también de dónde consiguió dinero la empresa El Corral de la Parra para adquirir dos inmuebles en la calle Pagés del Corro, de Sevilla, inmuebles que después enajenó a HTR, S. A. por un valor de 24.700.000 pesetas.
En la grabación que posee el juez aparecen como interlocutores, de forma casual, pues el teléfono fue pinchado con otro objetivo, Arturo López Villasana y José Luis Díaz, socios de HRT, S. A.. Ambos prestaron ayer declaración ante el juez. En la conversación se pone de manifiesto, entre otras irregularidades susceptibles de ser tipificadas como fraude fiscal, la adquisición de inmuebles por un valor superior al que posteriormente se hacía constar en las escrituras. La diferencia de dinero no declarada era empleaba para pagar comisiones a terceras personas, siempre según estas fuentes.
El juez señaló ayer que aún no tiene dedicido si admitirá o no a trámite una tercera querella por malversación de fondos públicos presentada por el jurista malagueño Alberto José Pérez López contra Juan Guerra.
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