El Tribunal de Cuentas halla serias anomalías en 1987 de AP, PNV y Euskadiko Ezkerra

El nuevo informe realizado por el Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos en 1987 revela deficiencias generalizadas y violaciones de la ley en esta materia en todas las formaciones. No obstante, las irregularidades de mayor calibre, según fuentes relacionadas con este tribunal, se centran en la entonces Alianza Popular, PNV y Euskadiko Ezkerra. El tribunal admite, en sus conclusiones generales, que tampoco en este segundo intento ha logrado conocer el dinero manejado por los partidos ese año por sus deficientes contabilidades, si bien declina emitir sanciones o recomendaciones.

El nuevo informe del Tribunal de Cuentas, que preside Pascual Sala, sobre el dinero de los partidos en 1987, consta de más de 200 páginas, según fuentes conocedoras del mismo. Esta ampliación del anterior se realizó por iniciativa del PSOE y con el voto unánime de la comisión parlamentaria correspondiente. El documento será presurmiblemente aprobado el próximo lunes por el pleno del Tribunal.El nuevo informe del Tribunal de Cuentas señala numerosas deficiencias respecto de la contabilidad y cumplimiento de la Ley de Financiación de los Partidos por Alianza Popular en 1987. Esta formación sólo ha presentado la contabilidad del segundo semestre de ese año, por entender que sobre el primero no regía la Ley de Financiación de los Partidos, que data de julio de 1987.

La deuda con la banca reconocida por AP ese año ascendía a 1.439.965.896 pesetas. Por las mismas fechas, el PSOE cifraba su endeudamiento en más de 7.000 millones de pesetas. El Tribunal ha constatado que la contabilidad proporcionada por Alianza Popular no reflejaba otros créditos por valor de más de 153 millones de pesetas. Entre otras razones, esta formación alegó que se trataba de operaciones ya canceladas, pero no presentó documentación que lo avalase.

Escasa fiabilidad documental

Asimismo, el informe del Tribunal, según fuentes conocedoras del mismo, apunta múltiples deficiencias que restan fiabilidad a la contabilidad de AP. Este partido no integra los resultados del ejercicio y la situación patrimonial de las sedes provinciales ni las cuotas de afiliados. Estas, según un cálculo del Tribunal, ascienden a 614 millones de pesetas. Esta formación tampoco revela las subvenciones que Génova, 13 -sede central del partido- daba a la organización periférica.

Tampoco registra los fondos otorgados por entidades locales y contabiliza muy parcialmente las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y autonómicas; periodifica inadecuadamente los intereses de los créditos; no contabiliza correctamente las subvenciones por gastos electorales y no establece dotación anual para el inmovilizado, que carece de docurmentación. Fuentes relaciona das con el Tribunal de Cuentas muestran su estupor ante una cuenta del activo denominada "regularización de balances", sin soporte documental y que supera los 596 millones. El Tribunal de Cuentas tampoco se aclara sobre los 95 millones de pesetas del capítulo "otros deudores".

El informe señala ocho violaciones de la Ley de Financiación de los Partidos por parte de AP en 1987. Esta formación no abrió una cuenta específica para el ingreso de aportaciones y donativos. Los mecanismos de control interno han sido muy deficientes. No existió un inventarlo de bienes. El archivo documental presenta abundantes anomalías, como justificaciones manuscritas, asientos sin contrapartida y falta de documentos acreditativos. No se segregaron las cuentas del partido y las de Coalición Popular; los registros contables no reflejan la totalidad de las actividades del partido, y hay apuntes contables que reflejan partidas de imposible seguimiento.

Donativos anónimosEl informe también señala que AP declaró haber recibido en el periodo fiscalizado sólo 41.000 pesetas procedentes de aportaciones privadas más 6.200 pesetas a título de donativos anónimos. Por otro lado, los socios entonces de coalición, Partido Demócrata Popular y Partido Liberal, no han podido ser fiscalizados al haberse disuelto.

Sobre el PNV, el informe vierte serias críticas por las variadas deficiencias contables advertidas. Esta formación no incluye los ingresos y gastos de la organización provincial y municipal. Los estados correspondientes a estas organizaciones fueron nuevamente reclamados por el Tribunal sin éxito. El informe señala que frente a la valoración que hace el PNV de su inmovilizado -66 millones de pesetas-, los peritos del Tribunal lo evalúan en unos 4.000 millones. El PNV declara seis millones más de las subvenciones realmente recibidas; no contabiliza ingresos de entidades locales y no coinciden sus cifras de subvenciones parlamentarias con las oficiales.

El partido de Xabier Arzalluz comete en 1987, según el mencionado informe, diversas violaciones de la Ley de Financiación de los Partidos, Políticos: carece de registros ceintables básicos que acrediten la veracidad de los saldos presentados; en el libro inventario existen elementos sin valoración; no cumple la exigencia de firmas conjuntas para utilizar saldos en entidades Financieras y no integra las operaciones contables de las sedes provinciales y locales. No refleja ninguna aportación privada y carece de la preceptiva cuenta.

Sobre Easkadiko Ezkerra, el informe manifiesta lisamente que la falta de estados contables básicos, la inexistencia de registros, impide obtener información suficiente para expresar en cifras la situación económica, financiera y patrimonial de esta formación El Tribunal entiende que EE ha vulnerado la ley en tanto que no tiene los debidos mecanismos in ternos de control económico. Así, no se anotan las operaciones y movimientos contables en registros básicos ni se controlan ni incluyen las operaciones y patrimonio de agrupaciones provinciales y locales. Este partido no consigna aportaciones privadas. La insuficiencia documental impide al Tribunal de Cuentas saber si este partido se endeudó por encima del tope legal.