Acuerdo en la banca

CUATRO MESES después del inicio de las negociaciones, tres de las cuatro centrales mayoritarias en el sector han llegado a un acuerdo en el convenio de la banca privada. Las diferencias entre la oferta patronal y la representación sindical provocaron la ruptura de la mesa negociadora a finales de abril y una huelga a mediados del mes siguiente. El nuevo presidente de la patronal bancaria, José Luis Leal, cuyo talante negociador ha sido reconocido por sus interlocutores, consiguió la reapertura de las negociaciones que ahora han culminado con un convenio cuyo punto central es el aumento salarial del 8% con cláusula de revisión a fin de año del IPC más el 1,5%. Es, desde luego, el mejor principio para su mandato, que comenzó con un conflicto que no supo, o no pudo, resolver Rafael Termes.La UGT es la única central que no ha firmado el acuerdo por entender que, a la vista de los cuantiosos beneficios de la banca, era una cuestión de principios no aceptar aumentos menores al 8,2%, media de los convenios suscritos hasta ahora en otros sectores. Las demás centrales, especialmente CC OO, consideraron que no valía la pena prolongar el desacuerdo por una diferencia que supondría por término medio unas 4.000 pesetas brutas anuales. La postura de UGT debe interpretarse, seguramente, en relación a la inminencia de las elecciones sindicales. Sin embargo, es dudoso que ese deseo de singularización, al precio de quebrar la unidad de acción con CC OO, vaya a resultar electoralmente rentable para una central cuya afiliación es genéricamente más moderada que la de CC OO. De hecho, el resultado de la radicalización de UGT de banca en los meses anteriores a las últimas elecciones sindicales fue una pérdida de posiciones a favor de opciones percibidas como más genuinamente radicales. Por otro lado, el argumento de los beneficios obtenidos por los bancos debe ser relativizado a la luz de los problemas con los que habrá de enfrentarse ese sector en la perspectiva de la liberalización del mercado financiero en 1993, con riesgo de cierre de oficinas y pérdida de puestos de trabajo.