La nueva legislación italiana sobre droga considera delito su consumo

La nueva ley sobre droga que acaba de ser aprobada definitivamente por el Parlamento italiano ofrece una novedad: drogarse es ahora en Italia un delito. Hasta ayer el drogadicto estaba considerado como un enfermo y una víctima, a la que había que ayudar a salir del túnel en el que había entrado y se le permitía llevar en el bolsillo una mínima cantidad de droga para "uso estrictamente personal".

Los italianos que a partir de ahora consuman droga, ya sea dura o blanda, o la conserven en su poder serán considerados delincuentes y, por tanto deberán ser castigados. Éste es el punto más debatido en los cinco largos años del itinerario polémico de una ley pedida por los socialistas. Hasta el final, la izquierda que no forma parte del Gobierno y una parte de la izquierda democristiana se opusieron a esta nueva "filosofía" frente al drogadicto, y abandonaron el miércoles el Senado en la votación, en la que sólo participaron los cinco partidos del Gobierno más los neofascistas del MSI (Movimiento Social Italiano).A pesar de ello, la ley asume el compromiso de sustituir lo de "módica cantidad", por el bizantinismo de "dosis media diaria" que se les permitirá a los que ya "tienen el vicio", pero controlado por el Ministerio de la Salud, que deberá ahora desarrollar por decreto este control.

Las sanciones previstas para quienes consuman drogas, de ahora en adelante, son en el caso de drogas duras, para los que las venden o adulteran, cárcel hasta 30 años; para el tráfico a gran escala, cárcel de 8 a 20 años y multas de 5 a 50 millones de pesetas; para el tráfico modesto, cárcel de 1 a 6 años y multas de medio millón a 5 millones de pesetas.

Las dos primeras veces

La posesión para uso personal se castigará con medidas administrativas las dos primeras veces, o se le someterá al usuario a libertad vigilada, secuestro del pasaporte, del carné de conducir o del coche, o bien a efectuar trabajos forzosos en bien de la colectividad.Las medidas penales se aplicarán a partir de la tercera vez en que se detecte consumo de drogas. Se castigará con prisión de tres a ocho meses a quien arroje una jeringa, después de drogarse, en lugar público, además de una multa de 100.000 pesetas; a quien facilite droga en locales públicos, cárcel de tres a diez años, multas varias y cierre del local; a quien instigue al uso de drogas, medidas administrativas, y si se refiere a menores de edad, cárcel hasta tres años.

Las drogas blandas tienen otro tratamiento. Se impondrán penas de seis meses de cárcel a seis años y multas a los grandes traficantes; las mismas penas para el tráfico modesto; Suspensión del carné de conducir, del pasaporte y del permiso de armas las dos primeras veces que se detecte el consumo de estas drogas. A partir de la tercera vez se le aplicará de dos a cuatro meses de cárcel; a quien facilite el uso de drogas blandas en locales públicos, cárcel de uno a cuatro años, multas varias y cierre del local; a quien instigue el uso de marihuana y demás drogas blandas, multas de hasta cinco millones de pesetas y cárcel hasta tres años si se hace con menores. Estas penas se reducirán para los drogadictos que acepten desintoxicarse.

Nada más aprobarse la ley, varios partidos y grupos progresistas hicieron una "fumada colectiva de marihuana" ante la puerta del Senado.