La Inspección de Trabajo califica de "fraude de ley" un plan de bajas en el que Renfe ha invertido 1.500 millones

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social considera que Renfe ha cometido "fraude de ley" con la aplicación de un plan de pensiones diseñado en 1987 mediante el cual se indemnizaban a tanto alzado y con cantidades inversamente proporcionales a la edad del trabajador ceses laborales definitivos. Según la inspección, realizada a raíz de las denuncias interpuestas por el comité de empresa de Madrid-Atocha y la Confederación General del Trabajo (CGT), la cantidad desembolsada por Renfe hasta el momento para indemnizar a 854 trabajadores asciende a 1.523.986.257 pesetas.Del total, 124.750.000 pesetas se destinaron a comprar los títulos de transporte que dan derecho a viajes gratuitos a los trabajadoüés de la empresa, práctica que según los denunciantes está estrictamente prohibida en la propia reglamentación de Renfe.

La empresa rechaza la calificación de fraude de ley contenida en el informe del inspector de Trabajo, si bien, la nueva dirección de personal nombrada hace unos meses reconoce que el mal llamado plan de pensiones se diseñó y llevó a cabo "de forma un tanto tosca y escasamente profesional". El plan fue paralizado en enero de este mismo año.

Ninguno de los diseñadores del plan -el responsable jurídico Manuel Fernández (reincorporado como inspector al Ministerio de Trabajo), el ex director general de personal y actual presidente de la filial de Renfe, Comfersa, Damián Navascués y el ex director de relaciones laborales, Carlos Conde- permanecen en el equipo directivo de Renfe, que ha encargado una auditoría interna para examinar las cantidades empleadas en el plan y analizar toda la documentación existente al respecto.

Según la denuncia que ha dado lugar al informe de la Inspección de Trabajo, la sociedad Medicalia, encargada de tramitar los casos de invalidez en la compañia, convencía a los empleados para que aceptaran la idemnización por baja ofrecida por la empresa mediante un reconocimiento médico en el que se les planteaba la dificultad de continuar en el mismo puesto de trabajo. Medicalia era recompensada con 300.000 pesetas por baja. La misma sociedad, informa la CGT, se ha encargado de las bajas pactadas en empresas como Fasa Renault, Metro de Madrid y Gas Madrid.

El inspector de Trabajo encargado del caso, José Antonio Pérez de León, detalla el programa aplicado por Renfe consistente en el ofrecimiento de una cantidad a tanto alzado como idemnización por cese laboral definitivo, tramitación de prestaciones de desempleo, mejora del subsidio de paro y jubilación mejorada, y afirma que tanto el programa como los actos que se llevaron a cabo para su aplicación (entrevista del trabajador con un directivo, firma de aceptación del plan, demanda de conciliación, y formalización de baja definitiva en Medicalia la tarde anterior a la comparecencia de las partes en el IMAC) vulneran el Estatuto de los Trabajadores, entre otras normas, y constituyen fraude de ley.

Responsabilidades

Pérez de León propone que las actuaciones se remitan a Transportes para determinar responsabilidades por el uso de fondos públicos para un fin no previsto legalmente. También que el INEM suspenda el abono de las prestaciones de desempleo a los trabajadores afectados y la Seguridad Social declare nulas las cotizaciones y altas generadasAdemás, el inspector recomienda la investigación de un informe en el que se detallan un elevado número de declaraciones de invalidez.

Los 854 operarios que han firmado el plan son trabajadores de las sucursales del economato de la empresa que han sido cerradas; reingresados procedentes de la excedencia de matrimonio; operarios con secuelas de invalidez; operarios de centros forestales clausurados y personal con licencia especial. De los 854 trabajadores, 499 han comparecido en el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Los hechos cuyo desenlace se conoció ayer se investigaban con gran sigilo tanto por parte de la empresa como de los sindicatos. Fuentes sindicales reconocen que tal sigilo se ha debido en buena parte a lo espinoso que resulta un tema en el que el trabajador conviene con la empresa un cese a cambio de indemnización y ciertas mejoras. Al mismo tiempo, fuentes de Renfe consideran que el informe del inspector de Trabajo revela un cierto tono de dureza acorde con las relaciones, tensas, que el inspector de Trabajo mantenía desde antiguo con el ex responsable de personal, Damián Navascués.