Solchaga amenaza con nuevas restricciones económicas si no hay acuerdo en la concertación

El ministro de Economía, Carlos Solchaga, advirtió ayer en Luxemburgo, donde asistió a la reunión de ministros de Economía de la CE, que si no se alcanza un pacto de progreso con los agentes económicos y sociales "el país tendría que plantearse seriamente que para conseguir reducir la inflación se requeriría una política más restrictiva tanto en lo fiscal como en lo monetario". Por otra parte, el Gobierno presentó ayer un borrador del proyecto del futuro Consejo Económico y Social, de cuyo consejo quiere nombrar al presidente y a un tercio de sus 61 miembros.

Carlos Solchaga añadió que las restricciones monetarias fijadas por el Gobierno hace meses tenían por objeto conseguir un aterrizaje suave de la economía española entendiendo como tal "un proceso gradual de transición desde una situación de ahogo bastante importante como la que existía a una situación en la que el crecimiento tiene que ser menor". El ministro volvió a insistir en que si el crecimiento económico es menor, la inflación también será menor, aunque también la creación de empleo será menor.Respecto al informe de la CE sobre la economía española dijo que es como una foto fija y que no tiene en cuenta el actual proceso de negociación que se está produciendo en España.

Por otro lado el Gobierno dentro de las negociaciones sobre el CES pretende nombrar al presidente, al secretario general y a un tercio de los 61 miembros. De éstos, 10 lo serán en representación de sectores de la vida económica y social y otros 10 expertos laborales de reconocido prestigio. Los sindicatos se oponen a la participación, tanto directa como indirecta, del Ejecutivo, ya que, afirman, se trata de un órgano de consulta. La sede del CES estará en el edificio que ocupó el diario Pueblo y contará con un presupuesto anual de 250 millones de pesetas.

Borrador del decreto

El borrador del decreto que regulará el CES, que ayer entregó el subsecretario de Trabajo, Segismundo Crespo, a los dirigentes de UGT y CC OO, es similar al elaborado hace tres años por la Administración y enviado al Consejo de Estado. Prevé que ese órgano sea estrictamente consultivo y su finalidad es emitir informes y dictámenes socioeconómicos.

Concretamente, en lo que se refiere a promoción social, cooperativismo y sociedades anónimas laborales, política de rentas, políticas laborales de la reestructuración sectorial, relaciones de trabajo individuales y colectivas, condiciones de trabajo, empleo y formación profesional, seguridad social y protección por desempleo, fondos de pensiones, servicios sociales, emigración e inmigración, derechos sindicales, sistema de solución de conflictos individuales y colectivos, participación en la empresa y aspectos relacionados con el mercado único y su incidencia social.

Los sindicatos no están de acuerdo con que se circunscriban las competencias del CES a las sociolaborales y quieren que se amplíen a otras corno comercio exterior, industria transporte, vivienda, gasto social y todas las relacionadas con la política económica y social.

Aceptan, con matices, la composición que propone el Gobierno: 20 miembros designados por los sindicatos más representativos con arreglo a lo estipulado en la ley Orgánica de Libertad Sindical, 20 de las organizaciones empresariales, 10 de otros sectores de la vida económica y social -tres del sector agrario, tres del pesquero, dos de los usuarios y dos de la economía social- y 10 designados, como los anteriores, por el Ejecutivo entre personas con una especial preparación y reconocida experiencia en el ámbito sociolaboral o económico, previa consulta a las organizaciones representadas en el Consejo. Segismundo Crespo aclaró en la reunión que esos 20 representantes serán consensuados con todas las partes.

Los sindicatos consideran que, al tratarse de un mero órgano consultivo del Gobierno, éste no puede formar parte de él ni directa ni indirectamente.