Amnesia y verbalismo

UN ESTADO policial se caracteriza, entre otros aspectos, porque no puede decirse que lo es. Por ejemplo, en España no se podía decir que el franquismo era un régimen apoyado en la arbitrariedad de la policía. Pero lo era, por más que algunos de los que ahora más elevan la voz se guardaran entonces muy mucho de expresar cualquier insinuación al respecto. El actual régimen político español tiene toda clase de imperfecciones, unas compartidas con otras democracias y otras privativas. Pero sólo desde la frivolidad o la amnesia histórica puede sostenerse su naturaleza policial o establecer semejanzas con el franquismo. Con tales planteamientos, lo único que se consigue es proporcionar coartadas a quienes estarían interesados en la perduración de esas imperfecciones. Exagerar hasta el absurdo la acusación: no existe mejor fórmula para ahorrarse el esfuerzo de remediar lo denunciado.Si Aznar sospechaba ser víctima de escuchas ilegales, su primera obligación era denunciarlo ante la autoridad judicial. Cualquier otra actitud sólo podía contribuir a alimentar la desconfianza de los ciudadanos en el sistema democrático y en el Estado de derecho. Ayer rectificó en parte sus declaraciones de la víspera, matizando que no acusaba a la policía o al Gobierno y que se limitaba a constatar el estado de sospecha permanente en que vive su partido. Pero para entonces ya los exegetas habían dictaminado que las palabras del líder de la oposición demostraban que éste es un Estado policial en el que ningún ciudadano puede estar seguro de no ser espiado. Para decirlo todo, hay que añadir que las declaraciones del fiscal general -"quien tenga la conciencia tranquila no tiene nada que temer"- han contribuido a aumentar la confusión y no a disiparla.

Para salir de ella se impone un mínimo de ponderación, evitando caer en ese verbalismo que está tornando incomprensible el debate político. Desde 1984 existe una ley que tipifica penalmente las escuchas ilegales, y es a los jueces a quienes corresponde aplicarla. Pero se impone también que el Gobierno garantice no sólo la -observancia de la legalidad en las escuchas por él solicitadas, sino la persecución rotunda de las personas físicas o jurídicas que, con los medios que la tecnología moderna proporciona, violen la intimidad de otros ciudadanos, sean cuales sean sus fines.