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Editorial:

Sanciones económicas

EL PRESIDENTE de Suráfrica, Frederik de Klerk, realiza hoy una visita a Madrid, en el marco de una gira por ocho capitales europeas. El objetivo de este viaje -calificado de informativo- es lograr que la Comunidad Europea anule las sanciones económicas adoptadas en 1986 contra Suráfrica. Esas sanciones han contribuido a iniciar una evolución democrática en la política del Gobierno de Pretoria. Nadie puede negar que la presidencia de De Klerk ha dado pasos positivos al legalizar el Congreso Nacional Africano, poner en libertad a Nelson Mandela y crear las bases para una negociación entre unas autoridades elegidas exclusivamente por la minoría blanca y los representantes de la gran mayoría negra.Sin embargo, y es el aspecto esencial a tener en cuenta en el momento en que De Klerk visita Madrid, el proceso transitorio de Suráfrica hacia una situación mínimamente tolerable para el mundo civilizado contemporáneo no ha hecho sino comenzar. Aún hay presos políticos encarcelados, el estado de emergencia no ha sido suprimido -lo que da lugar a brutales acciones represivas-, el retorno de los emigrados políticos no está garantizado, y, sobre todo, el apartheid como tal no ha desaparecido, aunque haya sido suavizado en algunos de sus aspectos más escandalosos.

En esta situación en que el Congreso Nacional Africano negocia con De Klerk para que los negros puedan ser ciudadanos con derechos en su propio país, levantar las sanciones -como desea el presidente surafricano- significaría reforzar las tendencias más regresivas, fuertes en el seno de la minoría blanca. Los castigos fueron adoptados con un objetivo claro: acabar con el apartheid. Si se levantasen ahora ayudarían a prolongarlo.

El ministro Fernández Ordóñez ha hecho unas declaraciones positivas en el sentido de que España -a diferencia de la actitud adoptada por Margaret Thatcher- no está dispuesta a levantar las sanciones. Pero no es posible olvidar que la conducta oficial de nuestro país en el tema ha sido, cuando menos, ambigua: España es uno de los países que más ha incrementado su comercio con Suráfrica desde 1985, sobre todo la importación de carbón. Es más, el Gobierno ha suspendido el compromiso, asumido en junio pasado ante el Congreso, de reducir en un 25% dicha importación. Esa actitud polivalente promueve, sin duda, las denuncias de que ya hemos sido objeto por diversas organizaciones internacionales. España debe defender en la CE, con claridad y coherencia, que siga vigente la política económica sancionadora hasta que la evolución iniciada en Suráfrica desemboque en el fin del apartheid y en la concesión a los negros de plenos derechos de ciudadanía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de mayo de 1990