El Síndic de Greuges culpa a la Administración de los brotes de racismo surgidos en Cataluña durante 1989

El Síndic de Greuges (institución equivalente en Cataluña al Defensor del Pueblo) denuncia en el informe que presentará al Parlamento autónomo el próximo 6 de junio la grave discriminación económica, social y laboral que sufren los inmigrantes procedentes del Tercer Mundo y la minoría gitana que reside en Cataluña. El documento, que critica la Ley de Extranjería, culpa a las administraciones de propiciar situaciones que derivan en conflictos racistas.

El informe del síndic, Frederic Rahola, advierte que las administraciones son las responsables de "episodios tan irracionales y detestables", efectuados por la población civil de Cataluña durante 1989, como el linchamiento, la quema de automóviles y las agresiones físicas a extranjeros. "La Administración, con su actuación o inhibición, es responsable de esos actos, contradiciendo las declaraciones formales de sus representantes políticos", afirma literalmente el documento. El informe recoge en su globalidad 3.050 denuncias, el 30% de ellas dirigidas contra la Administración de Justicia.Rahola denuncia que la dura legislación existente sobre inmigración en España -Ley de Extranjería- y en la Comunidad Europea (CE) "tiende a perpetuar situaciones de ilegalidad, que pronto originan reacciones defensivas de los mismos trabajadores autóctonos y que derivan, más tarde o más temprano, en conflictos étnicos con fuerte componente racista". En este sentido, especifica que las instancias gubernativas están vulnerando el artículo 13 de la Constitución, en el que se garantiza que los extranjeros gozarán de todas las libertades públicas.

El documento insta a la Administración a favorecer los movimientos asociatívos de los extranjeros, que facilitan su integración social, y a establecer un diálogo permanente entre la Generalitat de Cataluña -que carece de competencias en materia de extranjería- y la Administración central para buscar soluciones que palien la marginación.

Los ruegos, que han sido remitidos al Defensor del Pueblo catalán en razón de su competencia, se refieren a los obstáculos para obtener permisos de trabajo; las denegaciones sistemáticas o las detenciones indiscriminadas de trabajadores africanos. Este colectivo, según el informe, es el que sufre una situación de mayor rechazo social e institucional hasta el extremo de que "se les impide acceder a empleos que no requieren cualificación alguna, como los braceros o jornaleros, pese a que posteriormente no sean ocupados por españoles".Los extranjeros, destinados a enrolarse en trabajos donde prima la explotación por parte de la población aútóctona, se van recluyendo en sus círculos al carecer de apoyo institucional suficiente y sobreviven en condiciones infrahumanas "que de forma alguna deben consentirse". El rechazo de la sociedad se demuestra incluso al negarles la posibilidad de alquilar viviendas. "Esta situación exige un cambio de actitud de las instituciones y de la mentalización de los ciudadanos para que no vean en el trabajador africano un competidor desleal y una fuente de inseguridad", señala el informe.Comunidad gitana

La comunidad gitana establecida -en Cataluña, con un censo de unas 50.000 personas, sufre discriminación al incumplirse de nuevo, según el Síndic de Greuges, la Constitución y la Ley de Servicios Sociales de 1985. Pese a las normas protectoras dictadas por España y otros países de la Comunidad Europea en favor de las minorías, los gitanos tienen dificultades para acceder a la cultura, el trabajo y una vivienda digna. El síndic propone además que se regule el trabajo de los gitanos que se dedican a las tareas agrícolas y se desplazan de acuerdo con el calendario de la recolección. El informe utiliza la expresión "actitud farisaica" para calificar el comportamiento del Ayuntamniento de L'Aldea (Tarragona), que en agosto de 1989 expulsó del municipio a los gitanos, cuando prácticamente habían recogido el 95% de la cosecha de tomates.