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Editorial:

Impunidad

LA PUESTA en libertad del presunto miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) Georges Mendaille no sólo constituiría, de producirse, un escándalo y una burla a la justicia. Tal decisión reforzaría de manera decisiva las sospechas sobre la cobertura oficial a esa banda y afectaría gravemente a la credibilidad de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. Ello ocurrirá si persiste el prolongado silencio del Gobierno ante la extradición a Francia, concedida hace ya siete meses por la Audiencia Nacional, de este mercenario francés presuntamente vinculado a los GAL.Detenido el 9 de febrero de 1989 en la localidad gerundense de Calonge, Mendaille fue acusado por la justicia francesa de participar en dos asesinatos cometidos por la banda terrorista en territorio galo. El procedimiento de extradición puesto en marcha por París, que reclamó a España la entrega de Mendaille para juzgarlo por asociación de malhechores y tentativa de asesinato, impidió que respondiera de estos hechos ante la justicia española; ahora, la dilación del Gobierno en dar el visto bueno a la extradición decidida por la Audiencia Nacional puede impedir que lo haga ante la francesa y, lo que: sería el colmo del absurdo, provocar que sea puesto en libertad sin cargos.

Los Estados europeos han puesto en pie un laborioso entramado legal -convenios bilaterales y multilaterales de extradición, procedimientos de asistencia judicial en materia penal, etcétera- que sirva de instrumento a los jueces para una actuación coordinada frente al desafío internacional de los diversos terrorismos. Pero este espacio jud1clal europeo, al que el propio presidente del Gobierno, Felipe González, atribuyó públicamente un papel esencial en la lucha común contra el fenómeno terrorista, puede quedarse en agua de borrajas si los propios Gobiernos -y España ha sufrido los efectos cuando el Gobierno francés bloqueó en el pasado la extradición de terroristas de ETA- se resisten a dar los pasos que les conciernen para que resulte operativo.

Este escándalo vendría a sumarse a otros que han marcando los intentos de esclarecimiento de las tramas de los GAL: desde el obstruccionismo gubernamental a la investigación de los fondos reservados supuestamente utilizados para financiar las andanzas de Amedo y sus amigos, pasando por la estratégica inmunidad diplomática obtenida por el empresario Francisco Paesa, procesado en uno de los sumarios abiertos contra el citado comisario, el expediente acredita las peores sospechas.

Si persistiera el silencio oficial y Mendaille fuera puesto finalmente en libertad habría que deducir que una vez más la llamada razón de Estado se interfiere en la acción de la justicia. Y que la cooperación entre Estados contra el fenómeno terrorista, que debería ser beligerante ante cualquier forma en que éste se manifieste, es pura palabrería cuando a alguno de ellos no le conviene. Sin embargo, lo que, en aras de la credibilidad de esa cooperación, habría que evitar prioritariamente es que delitos que tan gravemente afectan a la paz social y a la democracia queden sin perseguir en ningún país y, por tanto, impunes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de mayo de 1990