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UGT y CC OO exigen a Leguina que implante el 'salario social'

Los secretarios regionales de UGT, José Luis Daza, y CC OO, Rodolfo Benito, emplazaron ayer públicamente al presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, para que implante el ingreso mínimo de integración (IMI) o salario social antes del 1 de octubre. Ambos sindicalistas expresaron su descontento por la lentitud con la que el Gobierno autónomo está desarrollando el acuerdo social, suscrito el 22 de diciembre pasado, y fijaron el 30 de junio como límite para cerrar la concertación. Daza, Benito y Leguina han llegado a un consenso para constituir el Consejo Económico y Social regional.El salario social para familias sin recursos fue el principal escollo de la concertación social en la Comunidad, firmada con el compromiso del Gobierno de Leguina de ponerlo en marcha en 1990. El IMI asciende a unas 33.000 pesetas mensuales para un colectivo de unas 20.000 personas.

Daza afirmó que la consejera de Integración Social, Elena Vázquez, está dando un enfoque equivocado al IMI, al no facilitar antes los mecanismos presupuestarlos para implantarlo.

Concertación "coja"

Benito denunció que la concertación social en la región sigue "coja" y criticó la lentitud del equipo de Leguina a la hora de plasmarla en medidas concretas. "Si el 1 de octubre no se pone en marcha el salario social, la responsabilidad será de la Administración", advirtió.Los sindicatos exigen que antes del 30 de junio se concreten las propuestas del acuerdo social, en un momento en el que Leguina ve peligrar su reelección como presidente regional, tras haber perdido el apoyo del presidente de la Federación Socialista Madrileña, José Acosta.

José Luis Daza se mostró pesimista" sobre la evolución de la concertación y expresó su "descontento" por el retraso en la puesta en marcha del Instituto Madrileño de Formación Profesional y el salario social. "No queremos pensar que esta tardanza responda a presiones externas al acuerdo", dijo Daza, en alusión al Gobierno central.

Mientras, Leguina anunció que el proyecto de creación del Consejo Económico y Social (CES) -órgano consultivo con representación paritarla de empresarios, sindicatos y Administración- será consensuado con la Confederación Empresarial Independiente de Madrid antes. de ser remitido a la Asamblea.

En una alusión a las críticas de la Cámara de Comercio de Madrid, Leguina negó que el IMI fomente la economía sumergida. El presidente no se comprometió a fijar una fecha para la constitución del Instituto Madrileño de Formación Profesional ni parala implantación del salario social, y se limitó a decir que se plasmarán "en breve".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de mayo de 1990