Investigación judicial e investigación parlamentaria

Opina el articulista que la constitución e una comisión parlamentaria que investigue paralelamente a la judicial sobre la financiación de los partidos políticos no es más que introducir un elemento de confusión ante la opinión pública, por el previsible aluvión de declaraciones y con una claro afán desviacionista.

Si la memoria no me falla, fue Winston Churchill quien, al ser preguntado al inicio de la 11 Guerra Mundial por cuál podía. ser la política de la Unión Soviética, contestó que se trataba. de "una adivinanza envuelta en un misterio metido dentro de un i enigma".Algo parecido, es lo que la opinión pública española podía decir acerca de la financiación de los partidos políticos, cuestión que ha vuelto a situarse en el orden del día de los problemas políticos y jurídicos (con posible relevancia penal) en nuestro país.

Hace un par de meses, el Tribunal de Cuentas ya dio la primera señal oficial de alarma. Se quejaba este alto órgano de que tenía que adivinar en muchos casos las cuentas presentadas por los partidos, ya que faltaba la mínima diligencia contable que debe ser exigida a una organización que se financia con fondos públicos a la hora de presentarlas; se sorprendía ante el misterio de la desproporción en determinados casos entre los gastos y los ingresos, llegando a resultarle enigmático que algún partido manifestara públicamente que había gastado menos de lo que había recibido como financiación con cargo a los Presupuestos del Estado.

El informe del tribunal, dicho en pocas palabras, era un alegato sumamente serio sobre la manera (harto defectuosa por decir poco) en que se estaba dando cumplimiento a la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. O si se quiere decir de otra manera, era un alegato sobre el incumplimiento manifiesto por parte de los partidos de la Ley de Financiación. Y afectaba a todos. Con mayor o menor intensidad, pero a todos.

Sin reacciones

En aquel momento, el informe fue recogido por los medios de comunicación, pero apenas si se le concedió mayor importancia. Y sobre todo no se produjo reacción alguna por parte de los principalmente afectados, los partidos políticos, sin que a ninguno se le ocurriera solicitar la creación de una comisión de investigación parlamentaria a fin de debatir cuáles eran los problemas objetivos, si los había para cumplir la ley y si ésta debía ser modificada, a fin de que no se produjera la falta de sintonía entre la norma y la realidad. Ni una palabra ni una sola reacción de tipo parlamentario.

Ha tenido que producirse una intervención del poder judicial para que de pronto se descubra que el tema de la financiación de los partidos puede ser un problema y que es conveniente la creación de una comisión parlamentaria para su investigación.

Se puede comprender perfectamente desde un punto de vista político la iniciativa por parte del partido que ha solicitado la creación de dicha comisión parlamentaria, pero difícilmente se puede compartir.

Estamos ante una investigación judicial en marcha desde hace varios meses, por lo que el fiscal jefe de Valencia ha dicho en estos días. Se trata, según todos los indicios, de una investigación extremadamente rigurosa y que exige, en opinión del juez, el secreto sumarial por un periodo de un mes, a fin de que pueda desarrollarse de manera eficaz.

Pienso que cualquiera que esté realmente interesado en enfrentarse de verdad con el tema de la financiación de los partidos políticos lo que tiene que hacer es dejar que la investigación judicial se desarrolle, con normalidad y que conduzca a los resultados y a las conclusiones que deba conducir.

El dedo en la llaga

Con toda seguridad va a ser una investigación más objetiva, más despersonalizada y menos politizada que la que puede producirse en sede parlamentaria. Y en consecuencia, mucho más apta para poner el dedo en la llaga e indicar por dónde se han produciro las desviaciones o las infracciones más graves en materia de financiación de los partidos políticos y para señalar, por tanto, las posibles medidas correctoras.

Constituir una comisión parlamentaria para que efectúe una investigación política simultáneamente a la investigación judicial no es más que introducir un elemento de confusión ante la opinión pública, que va a ser distraída. por un aluvión de declaraciones de todo tipo, desviándola de donde realmente se pueden producir resultados concretos obtenidos con la técnica de: investigación más fiable en todos los países civilizados.

Ello no quiere decir que el debate parlamentario sobre esta cuestión se deba, obviar. Todo lo contrario. Pero no es éste el momento. Si de verdad se quiere que dicho debate sirva para algo hay que esperar a que no hay ninguna razón objetiva para tener prisa en este momento y no esperar algo más. La investigación política como competidora de la investigación judicial no tiene ningún sentido. Es mala desde un punto de vista. jurídico, pero también desde una perspectiva política.

Los partidos políticos son asociaciones de relevancia constitucional, y, por ello, son financiados con buen criterio con fondos públicos. Justamente por eso, la sociedad española tiene todo el derecho del mundo a exigir que se ponga fin en este terreno a las adivinanzas, los misterios y los enigmas. ¿Por qué no se deja que siga su curso sin introducir elementos adicionales que únicamente pueden perturbarla?