El consenso económico

El acercamiento entre socialistas y convergentes dificilmente puede explicarse desde una óptica estrictamente política. En el horizonte del corto y el medio plazo se perfila la negociación de dos reformas fundamentales del ámbito económico que han de influir en varias legislaciones parlamentarias: la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el nuevo modelo de financiación autonómica. Si la primera viene obligada por la evidente obsolescencia de la actual normativa tributarla, la segunda ha de servir para consolidar el Estado de las autonomías.Ambas son cuestiones de Estado, y al Gobierno de la Generalitat no se le escapa que el logro de una reforma por medio del consenso puede serle mucho más beneficiosa que a través de los mecanismos de las mayorías y las minorías parlamentarias. Los mensajes lanzados por los más destacados líderes de CiU en las últimas semanas han aludido repetidamente a la necesidad de lograr ese consenso. Un mensaje que coincide con el llamamiento efectuado por el ministro de Economía, Carlos Solchaga, en uno de los más prestigios foros del mundo económico catalán: los Debates Costa Brava. El pasado 24 de marzo, en Lloret de Mar, Solchaga se refirió ante 400 empresarios, economistas y profesores catalanes a la necesidad de "crear entre todos un cambio cultural en empresas, sindicatos y asalariados" para alcanzar con éxito la plena integración de España en la Comunidad Europea". Un llamamiento al consenso social y económico que tres días después haría de forma más explícita en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno catalán ha recogido el guante de ese pacto, con la esperanza de plasmarlo en las nuevas leyes del IRPF y de financlación autonómica. La nueva ley tributaria está ya prácticamente ultimada, y deberá ser debatida próximamente en las Cortes. La reforma fiscal viene forzada por dos aspectos diferenciados: por un lado, las sentencias de los tribunales contrarias a Hacienda respecto de la tributación separada o conjunta de las familias y la propia antigüedad de la normativa, creada por el Gobierno de Unión de Centro Democrático en un momento político y económico absolutamente distinto del actual; y por otro, la necesidad de armonizar la ley española con las normativas comunitarias, con vistas al Mercado único Europeo de 1993.

Equidad regional

El conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Maclá Alavedra, un hombre bien relacionado con sus opositores socialistas, ha dado ya su punto de vista sobre cuáles deberían ser, a su entender, los ejes de la nueva imposición: la política fiscal se debería utilizar no sólo como elemento recaudador, sino como un instrumento de política económica, de tal forma que puedan desgravar todas aquellas inversiones que signifiquen innovación, que las tributaciones sobre plusvalías no sean tratadas únicamente como beneficios empresariales, que favorezca la salida a bolsa de las empresas medianas y que fomente el ahorro familiar.

Pero si el consenso parece necesario en materia fiscal, lo es mucho más en la nueva ley de financiación autonómica, que deberá entrar en vigor el 1 de enero de 1992. La reciente reforma del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) ha dejado bien claro que la equidad regional a través de la redistribución presupuestaria es uno de los objetivos del Gobierno. El logro de un consenso en este asunto ha permitido a la Generalitat no perder todo lo que habría perdido si la modificación del FCI se hubiera realizado en función de la opinión mayoritaria de los representantes de las comunidades autónomas. A juicio de Alavedra, el objetivo de la reforma del actual sistema es mejorar la financiación autonómica y obtener una igualdad de servicios entre comunidades, partiendo de criterios de pesetas por habitante, en lugar de aplicar el sistema del coste efectivo de los servicios traspasados a las comunidades y de criterios redistributivos. El Gobierno de la Generalitat considera que no basta con disponer de determinadas partidas para gestionar áreas concretas.

Ante la imposibilidad política de alcanzar el ideal del sistema vasco de cupos, su objetivo es lograr no sólo más dinero en cada ejercicio, sino mayor autonomía de gestión. Para ello, Alavedra no ha dudado en reclamar que las comunidades asuman el coste político de recaudar, es decir, de ejercer un papel siempre ingrato y poco rentable electoralmente. Pero sólo si aquello que recauden -una parte del IRPF o una parte del IVA- puede ser gestionado / invertido por cada Gobierno autónomo en los sectores que juzgue conveniente.

Alavedra afirma: "Es evidente que para nosotros autonomía política quiere decir autonomía financiera y quiere decir participación en la fiscalidad. Y la rnanera de participar es algo que hoy por hoy yo dejo muy abierto precisamente porque hay un objetivo político prioritario: intentar encontrar un consenso" en torno a la futura ley.