El PP pedirá más garantías en las intervenciones telefónicas

El Grupo Popular promoverá en el Congreso reformas legislativas ante "la falta de garantías jurídicas" que observa en los casos de escuchas telefónicas a la vista de lo ocurrido con el caso Naseiro, en el que el juez Luis Manglano ha basado sus actuaciones en las grabaciones telefónicas de conversaciones del concejal del PP Salvador Palop. El Grupo Popular propondrá también que la incomunicación se circunscriba a delitos de terrorismo.

Esto supondría la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 528, por el que otorga a los jueces la facultad de la incomunicación sin precisar en qué casos, y esto es lo que ocurrió al ex tesorero del Partido Popular Rosendo Naseiro, así como al concejal del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop. La vía parlamentaria es la única que piensa utilizar de momento el PP, ya que "todavía" no se siente formalmente acusado como organización en un presunto delito de cohecho.Estos asuntos fueron tratados el pasado jueves en una reunión del grupo parlamentario, y se mostró especial preocupación por el hecho de que unas intervenciones telefónicas efectuadas para un asunto ajeno al llamado caso Naseiro derivaron en la detención, entre otros, del concejal del Partido Popular Salvador Palop, siendo esta grabación la base fundamental de actuación del juez Luis Manglano. Asimismo, en el grupo y en el Partido Popular se mantiene la duda sobre si los teléfonos del partido están pinchados al asegurar que tienen indicios de que eso puede ser así.

El secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, presentó el pasado 12 de abril una denuncia por escuchas telefónicas ilegales de las líneas utilizadas en la sede nacional del partido para comunicar con el exterior. Álvarez Cascos presentó la denuncia tres días después de la detención del tesorero del partido, Rosendo Naseiro, cuando, a pesar de la incomunicación a la que estaba sometido, en el partido se supo que todo partía de unas escuchas telefónicas.

En todo caso, los dirigentes del Grupo Popular llegaron el pasado jueves a la conclusión de que "no existen las garantías suficientes" para preservar la invulnerabilidad del derecho al secreto de las comunicaciones, por lo que su equipo técnico va a elaborar una normativa más estricta, aunque no ocultan que el afloramiento del caso Naseiro por vía de escuchas telefónicas es lo que les empuja a revisar la actual situación legislativa.

También la situación vivida por Naseiro y Palop ha llevado al ánimo del PP la necesidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que se permite la incomunicación. Convergència i Unió ha abogado por esta modificación.