El Tribunal Superior suspende los acuerdos de Leguina con CC OO y UGT por estar excluido el sindicato de funcionarios

El Tribunal Superior de Madrid suspendió ayer de forma cautelar la ejecución de los acuerdos para el desarrollo de la Plataforma Sindical Prioritaria (PSP) que firmó el pasado diciembre el gobierno socialista de la Comunidad Autónoma con CC OO y UGT. El tribunal entiende que al estar excluida de los acuerdos la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) "podrían producirse graves daños o perjuicios de reparación imposible o difícil para los intereses del recurrente". En el auto se dice que con la suspensión de los acuerdos no se altera, "a juicio de esta sala" el interés público.Por su parte, el secretario regional de CSIF en Madrid, Emilio Naveso, declaró ayer que su sindicato exigirá al presidente regional, Joaquín Leguina, retribuciones para los funcionarios por valor de 1.000 millones de pesetas. Naveso explicó que las citadas retribuciones se desglosan en 450 millones para la aplicación de los llamados complementos económicos específicos, 400 millones para la catalogación de los médicos y el resto para el cumplimiento efectivo de sentencias a favor de los funcionarios.

La CSIF recurrió el pasado 17 de enero contra los acuerdos alegando que era excluida de las negociaciones sobre los aspectos que afectaban a los funcionarios públicos, sector en el que es mayoritaria al tener una representatividad del 48%.

Naveso indicó que su sindicato pedirá la suspensión del "control sindical de los contratos de trabajo. CC OO y UGT no tienen por qué supervisar todos los contratos que se efectuen en la región".

Por su parte el consejero de Hacienda, Luis Alejandro Cendrero, señaló que estudiaba la posibilidad de plantear un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.

"No comprendo cómo se pueden suspender unos acuerdos que afectan a sectores como la industria, la construcción o la vivienda donde la CSIF no tiene nada que ver. Además, la CSIF ya negoció en la mesa de los funcionarios todos los puntos que ahora reivindican", dijo.

El portavoz de CC OO en Madrid, Francisco Naranjo, calificó la sentencia como un disparate sin sentido ya que, según Naranjo, la CSIF "tiene poco que decir en acuerdos como los planes de vivienda, empleo, transporte y medio ambiente".

Naranjo añadió que la CSIF será responsable de que "las 20.000 familias afectadas por el salarlo social se vean perjudicadas". El portavoz de CCOO recordó que los primeros sueldos del salario social se iban a cobrar a partir del próximo 1 de octubre, "y con este auto no sabemos cuándo entrará en vigor".