Un juez ordena la detención incomunicada del tesorero del PP y de un concejal de Valencia, acusados de cohecho

El secretario de finanzas del Partido Popular (PP), Rosendo Naseiro, y un concejal de ese partido en Valencia, Salvador Palop, fueron detenidos ayer por orden judicial acusados de un delito de cohecho (soborno a un funcionario público) en relación con unas irregularidades urbanísticas no precisadas. Además de ellos, han sido detenidos en Alicante y Valencia dos constructores, un promotor urbanístico y un arquitecto. El juez ha ordenado para los seis la prisión incomunicada, situación en la que se encontraban anoche.

Los constructores detenidos son Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones en la Comunidad Valenciana, y Carlos Bonet, representante de la compañía Huarte. El arquitecto es Luis Latorre, que ejerce su profesión como empleado del Ayuntamiento de Cullera (Valencia); y el promotor inmobiliario, José Balaguer, de la misma localidad.Los seis detenidos fueron conducidos en la mañana de ayer a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Las detenciones fueron realizadas por orden del juez Luis Manglano, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Valencia. La orden judicial que ha originado estas detenciones en régimen de incomunicación se basa en el artículo 506 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, restrictivo de los derechos fundamentales de la persona, que dice textualmente: "La incomunicación de los detenidos o presos sólo podrá durar el tiempo absolutamente preciso para evacuar las citas hechas en las indagatorias relativas al delito que haya dado lugar al procedimiento, sin que por regla general deba durar más de cinco días".

El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Guzmán Guía, que se presentó en la Jefatura de Policía a primeras horas de la tarde de ayer en compañía del presidente provincial del PP, Pedro Agramunt, manifestó que "este precepto es el que comúnmente se aplica en las detenciones de terroristas".

Los seis detenidos permanecieron ayer incomunicados entre sí en los calabozos de la Jefatura Superior y, según fuentes policiales, cada uno de ellos desconocía que los demás también se encontraban a disposición de la policía. El juez Luis Manglano, que instruye las diligencias, confirmó ayer que existen indicios de "cohecho", y señaló que "el caso no está cerrado".

La detención está motivada por un delito de cohecho en relación con irregularidades urbanisticas en Valencia, Alicante y Cullera. Las dos primeras ciudades tienen alcalde socialista -José Luis Lassaleta en Alicante, Clementina Ródenas en Valencia-, y la tercera está regida por Antonio Martínez Naya, que pertenece a Unión Valenciana.

La serie de detenciories comenzó a primeras horas de la mañana de ayer. Se encargaron de practicarlas tres funcionarios de la Policía Judicial, por orden del juez Manglano. La operación estaba perfectamente planificada, lo que indica que la investigación judicial llevaba ya algún tiempo en marcha.

Manglano, que pertenece al colectivo Jueces para la Democracia, ha decretado el secreto sumarial de las investigaciones.

A la hora del cierre de esta edición, el juez Manglano y el fiscal Miguel Angel Altés, designado para este caso, se encontraban reunidos en el despacho del primero, en el edificio de los juzgados de Valencia, examinando la documentación que supuestamente acredita la acusación de cohecho y preparando el interrogatorio de los detenidos.

El interrocatorio a los acusados se producirá probablemente en la mañana de hoy. A los detenidos no se les permitió ponerse en contacto con sus respectivos abogados ni con sus familiares. Incluso se negó a la familia de Rosendo Naseiro la entrega de una medicación, según manifes taron fuentes del PP.

Rosendo Naseiro fue detenido alrededor de la una de la tarde, en la casa que posee en el barrio de Vistahermosa, de Alicante, por dos miembros de la Polícía Judicial de Valencia despla zados expresamente para ello y que le condujeron inmediatamente a Valencia. La detención de Salvador Palop se había producido a primeras horas de la mañana en el local del Grupo Popular del Ayuntamiento, ubicado en la calle del periodista Azatti, junto al edificio municipal.

Portavoces del ayuntamiento señalaron que antes de la detención los funcionarios policiales comunicaron al alcalde en funciones, el socialista Joan Ballester -la alcaldesa se encontraba en Madrid- que llevaban una "orden de registro" para las citadas dependencias municipales. Minutos después, Palop era trasladado a la sede de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.

Protesta del PP

La detención de estas seis personas orignió ayer un considerable revuelo en medios políticos y empresariales, donde el desconocimiento acerca de los hechos era absoluto.

El equipo jurídico del PP, junto con el secretario general del partido, Francisco Álvarez Cascos, permaneció reunido en la tarde de ayer en la sede nacional de la calle de Génova, de Madrid, desde que se conocieron las detenciones de Rosendo-Naseiro y de Salvador Palop.

Horas más tarde, elaboraron un comunicado en el que señalaban que todas las indagaciones realizadas por el partido para conocer el origen y las causas de la denuncia habían sido inútiles, y subrayaban que "la prisión incomunicada que se ha decretado para estas personas es una medi da restrictiva y que en la práctica judicial sólo se viene aplicando en casos extremos como los relativos a delitos de terrorismo o pertenencia a bandas armadas y tráfico de drogas, lo que no deja de causar sorpresa".

En el comunicado, el PP urge a las autoridades que no prolonguen "ni un minuto más" las detenciones, por la trascendencia y el daño moral que el simple silencio puede ocasionar a las personas afectadas.